La justicia española tiene un gran camino por recorrer para proteger a la infancia de la violencia de género. La ley cambió en 2021 para acabar con las visitas de los padres maltratadores, sin embargo su suspensión en los juzgados aún es minoritaria y el ritmo de aplicación de la norma, muy dispar en función de los territorios: Navarra y Murcia van a la cabeza, mientras que Salamanca y Álava son las más rezagadas.

Desde 2013, 47 menores han sido víctimas mortales de la violencia vicaria, que persigue hacer el máximo daño posible a las mujeres a través del asesinato de sus hijos e hijas. El pequeño Jordi, de 11 años, fue asesinado por su padre el pasado domingo. El presunto criminal tenía una condena por violencia de género, aun así la justicia permitió una custodia compartida, algo expresamente prohibido por ley, pues la legislación española ha integrado que un maltratador no puede ser un buen padre mediante la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Un cambio de paradigma

En septiembre se estableció la suspensión del régimen de visitas de un progenitor cuando esté incurso en un proceso penal por violencia machista o un autoridad judicial detecte indicios de maltrato. Sólo excepcionalmente el juez podrán establecer visitas, previa valoración de la relación paternofilial. En ningún caso si el agresor se encuentra en prisión o con condena firme. Además, la ley dice que no se puede establecer un régimen de visitas en el contexto de una orden de protección por violencia machista: ahora sólo se puede suspender el preexistente o, en su caso, acordar motivadamente su mantenimiento en base al interés superior del menor. 

El cambio legal entró en vigor en septiembre, pero su aplicación en los juzgados está tardando más de la cuenta, como atestiguan los datos del Consejo General del Poder Judicial relativos al cuarto trimestre de 2021, los últimos disponibles.

Entre octubre y diciembre, la justicia española suspendió 836 regímenes de visitas por violencia de género: 803 asociados a una orden de protección de la madre y los 33 restantes, sin orden de protección. Este número supone un crecimiento del 413 % en comparación con el mismo periodo de 2020, pero está aún muy lejos del objetivo.

Tan sólo se suspendieron las visitas en el 11,69 % de las órdenes de protección, un número que indica que esta medida aún es la excepción, no la norma.

Enormes diferencias provincviales

Además, la diferencia entre los territorios es abismal, se aprecia una gran disparidad en función de la provincia en la que se encuentren las víctimas.

Navarra es el territorio que más rápidamente ha puesto en marcha el cambio legal: el 43,6 % de las órdenes de protección por violencia de género se acompañaron de una medida de suspensión de visitas (31 casos). Le siguen Murcia con un 26,6 % (89 casos y otros cuatro sin orden de protección), Cuenca con el 24,3 % (9 casos) y Asturias con el 23,2 % (29 casos y otros dos sin orden de protección).

En el otro extremo, en tres provincias no se decretó ninguna suspensión de visitas en el contexto de una orden de protección por maltrato machista: fueron Álava, Salamanca y Ávila, aunque en esta última si se interrumpió un régimen sin orden asociada. Los juzgados de Palencia, Guadalajara, Pontevedra y Guipúzcoa tan sólo de dictaron una suspensión.

En el resto de provincias, entre octubre y diciembre el porcentaje de suspensión en relación a las órdenes de protección fue el siguiente: Vizcaya (1,33 %), Albacete (4,22 %), León (4,87 %), Sevilla (5,16 %), Granada (5,2 %), Zaragoza (5,5 %), Cáceres (5,66 %), Baleares (5,74 %), Huesca y Ourense (5,88 %), Toledo (6 %), Soria (6,45 %), Castellón (6,86 %), Girona (7,14 %), Burgos (7,35 %), Santa Cruz de Tenerife (7,45 %), Lleida (7,57 %), Huelva (8,2 %), Córdoba (8,4 %), La Rioja (8,8 %), Tarragona (9 %).

Superando las dos cifras, continúan Madrid (10,38 %), Alicante (10,46 %), Valencia (10,8 %), Cádiz (11 %), Málaga (11,7 %), Cantabria (12,2 %), Lugo (12,5 %),Ciudad Real (12,67 %), Valladolid (14 %), A Coruña (14,19 %), Jaén (15,4 %), Teruel (16,6 %), Barcelona (17,1 %), Badajoz (17,59 %), Almería (18,2 %) y Zamora (18,75 %).

Según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer de 2019, en España 1,68 millones de menores viven en hogares en los que su madre sufre violencia de género por parte de su pareja o expareja.

La Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha centrado su actuación en la protección de estos niños y niñas y ha alertado en diversas ocasiones que cuando se acuerda una medida penal de prohibición de aproximación a una víctima de violencia machista, se eleva exponencialmente el riesgo de sus hijos e hijas de ser instrumentalizados por el agresor para hacerle el máximo daño a la madre.

El maltrato a los menores es para el agresor una herramienta más para controlar y someter a la mujer, cobrando especial atención a la violencia vicaria, es decir, aquella violencia que se ejerce sobre los niños y niñas con la sola intención de causar el máximo daño posible a sus madres", alertaba en un escrito a los fiscales en el que destacaba la importancia de poner en práctica los cambios legales sobre los regímenes de visitas que entraron en vigor en septiembre.

La política detecta a más de 700 niños en riesgo en marzo

Viogén, el sistema policial de valoración del riesgo de víctimas de violencia de género, hacía seguimiento a fecha 31 de marzo a 32.167 mujeres con menores a cargo, el 46 % de los casos activos.

Este sistema está diseñado para evaluar el riesgo de una víctima a sufrir una nueva agresión por parte del maltratador, pero desde 2019 también trata de anticipar tanto la vulnerabilidad como el riesgo a los que están expuestos sus hijos e hijas. Entre marzo de 2019 y el 31 de marzo de 2022, los cuerpos policiales han detectado a 2.512 menores en riesgo de ser agredidos, de los cuales 514 llegaron a estar expuestos a un riesgo extremo, de peligro para su vida.

El pasado 31 de marzo, 763 menores figuraban en Viogén en situación de riesgo: 2 extremo, 93 alto y 668 medio. En todos estos casos se envió una diligencia para alertar a las autoridades judiciales y fiscales de esta situación con el objetivo de que soliciten una evaluación forense más detallada y así poder dictar órdenes de protección adecuadas.

La vulnerabilidad como consecuencia de vivir en un entorno de maltrato se detectó en 7.269 niños y niñas: 2 en situación extrema, 96 alta y 967, media.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010Todos los recursos contra la violencia de género.