Se acabaron las exploraciones genitales médicas para determinar la edad de un menor no acompañado que llega a España. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto que regula el nuevo procedimiento judicial por el que quedan prohibidas las pruebas invasivas con desnudo integral. Cuando entre en vigor, se exigirá la especialización de todos los profesionales que intervengan en el proceso. También se garantizará la asistencia letrada gratuita desde el inicio, así como un intérprete. El nuevo protocolo se regirá por el principio del superior interés del menor, la presunción de su minoría de edad, el derecho a ser oído y el enfoque "holístico" de las pruebas previo consentimiento. En caso de conflicto, se nombrará un defensor judicial.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que el nuevo procedimiento -un cambio que viene obligado tanto por las instituciones internacionales como por la jurisprudencia de los altos tribunales españoles- tendrá carácter judicial en lugar de administrativo, como ahora. Será un juez (y no un decreto de la Fiscalía) el que en un máximo de 25 días dicte sentencia sobre la edad del menor.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 considera "un gran avance" el nuevo protocolo para evaluar la edad de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Fundación Raíces -organización sin ánimo de lucro creada en 1996 con el propósito de atender a niños, niñas, jóvenes y sus familias, españoles y extranjeros, que se encuentran en situación de exclusión social en España- también expresa su satisfacción. Sin embargo, considera que el texto debería ser más ambicioso y ofrecer más garantías a los niños, niñas y adolescentes dada su triple vulnerabilidad: menores, extranjeros y solos.
El cambio normativo es, en todo caso, una conquista de las organizaciones no gubernamentales. Las abogadas de Fundación Raíces llevaron hasta Naciones Unidas el caso de una niña de Camerún a la que en 2017 la Fiscalía española consideró -equivocadamente- mayor edad edad. En aquella ocasión, el comité de derechos del niño de la ONU tiró de las orejas a España. No era la primera vez que lo hacía sino la número 14. El organismo internacional instó al Gobierno a reformar el procedimiento de determinación de edad de los niños migrantes. “Tiene que aplicarse una evaluación holística, con entrevistas y asistencia letrada. No puede haber desnudos integrales ni pruebas invasivas”, destacó, en su momento, Lourdes Reyzábal, presidenta de Raíces.
Arcange, nombre ficticio de la menor camerunés, fue víctima de violencia sexual durante toda su infancia. Cuando tenía 16 años cuando vino a España. Lo hizo sola, desde Camerún y huyendo de su familia, que le había organizado un matrimonio forzoso con un hombre muy mayor. Con la ayuda de una tía, consiguió fugarse. En agosto de 2017 aterrizó en el aeropuerto de Madrid. Hablaba francés, pero no sabía una palabra de castellano.
Cuando Arcage pisó suelo español mostró a la policía su documentación. El pasaporte, lógicamente, era falso. Pero su cartilla de vacunación y las notas del cole eran reales. Los agentes determinaron que era “una menor de edad posible solicitante de asilo” y fue trasladada a un centro de acogida en Madrid.
Ninguna autoridad administrativa dudó de su minoría de edad, pero la Fiscalía inició en 2018 un procedimiento para determinar los años de Arcange. Completamente desnuda, fue sometida a una exploración genital médica y a una radiografía de muñeca (que estimó que tenía 17 años) y otra de mandíbula (que no fue determinante a falta de piezas dentales). La Fiscalía, sin embargo, decretó que Arcange era mayor de edad. Se basó en el informe médico, que señalaba que su vello en el pubis y su desarrollo mamario era “compatible con tener 18 años”.
Arcange fue expulsada del centro de menores. De un día para otro se quedó en la calle. Sola. Sin casa. Ni dinero. Ni recursos. Ni ayuda. Ni familia. Un amigo le habló de Raíces y la niña camerunesa llamó a sus puertas.
Arcange tiene ahora 20 años y vive en un piso compartido. Tras graduarse con buenas notas en secundaria, ha estudiando auxiliar de Enfermería y el año pasado realizó sus prácticas en un hospital con enfermos de Covid. Tiene estatuto de refugiada, protección internacional y una nula relación con la familia biológica de Camerún que tanto daño le hizo.
Documentación
A raíz del cambio normativo aprobado en el Consejo de Ministros, las abogadas de Fundación Raíces consideran fundamental evitar que la voluntad de alcanzar una determinación de edad de forma urgente convierta el enjuiciamiento en un juicio sumario en el que se vacíe de contenido el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva y no exista una verdadera oportunidad de practicar adecuadamente la prueba necesaria.
Las abogadas de Raíces insisten en que la triple vulnerabilidad del presunto menor extranjero no acompañado sometido a evaluación de edad puede provocar que le sea muy difícil, sino imposible, realizar por sí mismo las gestiones necesarias para obtener de su país de origen la documentación necesaria (por ejemplo, certificado de nacimiento) y tramitar en sus embajadas y consulados la expedición de un pasaporte o un documento equivalente de identidad. "Debe ser asistido para ello por la entidad pública de protección o la Fiscalía. Las instituciones deben dar cuenta de las gestiones realizadas y su resultado" destacan.
