Mientras en EEUU el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, está a punto de revocar cinco décadas de protección constitucional al aborto, el Gobierno prevé reformar la ley española para hacer justamente lo contrario: blindar este derecho y garantizar el acceso en la sanidad pública. El Ejecutivo tiene intención de aprobar el anteproyecto de reforma de la ley del aborto el próximo martes en el Consejo de Ministros, dado que el texto se encuentra en la fase final de la negociación entre el Ministerio de Igualdad y el resto de departamentos implicados, como Sanidad, Justicia e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Y es que el Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero, ha aprovechado la reforma para ampliar los derechos reproductivos y relacionados con la salud de las mujeres, tal como ha ido desgranando la ministra y su equipo en los últimos meses, de ahí que la negociación se haya efectuado a varias bandas y se haya prolongado desde que en enero Igualdad concluyó el primer articulado de la reforma.
La cadena Ser publicó ayer uno de los últimos borradores, que indica que en el texto continúa la pretensión de acabar con la necesidad de que las menores de 16 y 17 años necesiten permiso paterno para abortar, un requisito introducido por el PP en 2015. Asimismo, para garantizar que se pueda interrumpir el embarazo en la sanidad pública, se regulará la objeción de conciencia como en la ley de eutanasia, que establece la obligación de que crear registros de objetores de forma que «pueda identificarse las necesidades en cada área sanitaria y garantizarse el derecho en todos los casos», según explicó Montero en su última comparecencia en la Comisión de Igualdad.
La intención del Ejecutivo implica, además, derogar la ley de 2010, de forma que decaiga el recurso contra esta norma que presentó el PP hace 12 años ante el Tribunal Constitucional y que, de ser avalado por los jueces, haría peligrar el derecho al aborto en España. No obstante, de aquí al martes el texto legal aún puede sufrir cambios.
Más allá del derecho al aborto, el anteproyecto contiene medidas novedosas para garantizar la salud menstrual, como bajas laborales de tres días para las mujeres que tienen reglas dolorosas, avaladas por un médico. Asimismo, se prevé eliminar el IVA que encarece los productos de higiene femenina y el reparto de compresas, tampones o copas en los centros educativos y para las mujeres de cualquier edad en riesgo de exclusión, para luchar contra la llamada pobreza menstrual.
En cuanto al ámbito laboral, otra de las ideas de Igualdad es que las mujeres embarazadas tengan derecho, a partir de la semana 36 de gestación y hasta que den a luz, de un permiso retribuido con el fin de proteger la salud de la madre y el bebé, así como un permiso tanto en los abortos voluntarios como involuntarios.
El anteproyecto, que aún tiene una larga tramitación por delante antes de ver la luz, porque después de ser aprobado tiene que ser revisado por los órganos consultivos, volver al Gobierno y de ahí a las Cortes, también prevé garantizar la financiación pública de los anticonceptivos hormonales, la píldora del día después y la distribución gratuita en los institutos, vinculada a campañas de educación sexual.
Por otro lado, el borrador recoge como una forma de violencia contra las mujeres los vientres de alquiler, prohíbe la publicidad de las agencias que facilitan la gestación subrogada en otros países e incluso abre la puerta a que los tribunales españoles persigan a las parejas que recurran al extranjero para llevar a cabo esta práctica ilegal en España.
