Los dos socios de Gobierno han alcanzado un acuerdo para la inclusión de las bajas menstruales en la reforma de ley del aborto y que estas no supongan gasto para el empresario, sino que las pague el Estado desde el primer día, informaron ayer fuentes del Ministerio de Igualdad y confirmó la ministra Irene Montero en las redes sociales.
La baja se establecerá como una incapacidad temporal especial de contingencias comunes, lo que significa que tiene que ser prescrita por un médico, como cualquier otra incapacidad temporal. En la actualidad se otorgan unas 6.000 por motivos ginecológicos, que pueden ser motivadas por una infección, un mioma, un pólipo, etcétera.
En el anteproyecto de ley, que será previsiblemente aprobado el martes en el Consejo de Ministros, no se establecerá un número de días máximo. En la propuesta inicial del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, se hablaba de tres días, ampliable a cinco, pero finalmente se ha acordado que se ajustará a lo que la mujer necesite y lo que indique el médico, según explican las citadas fuentes.
Además, para que puedan usarlas las mujeres jóvenes en sus inicios en el mercado laboral, dado que los dolores fuertes e incapacitantes suelen darse en los primeros años de menstruación y normalmente se van regulando y aminorando con los años y los embarazos, no se requerirá un mínimo de cotización, a diferencia de las enfermedades comunes, que exigen un periodo mínimo de 180 días, en los cinco años previos.
Será el Estado, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el que pagará el permiso desde el primer día, tal como quería Igualdad para aminorar el rechazo que estas bajas pueden causar en el ámbito empresarial, por tener que perder a parte de la plantilla unos días al mes y tener que asumir parte del coste. “Vamos a reconocer por ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día”, afirmó Montero en Twitter.
De hecho, UGT había alertado de que puede que estas bajas “estigmaticen” a las mujeres” y sean una “causa de discriminación” a la hora de acceder al mercado laboral o promocionar en sus puestos de trabajo. Y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sacó a la luz las discrepancias en el seno del Gobierno, entre Podemos y varios de los ministerios en manos del PSOE, al señalar públicamente el jueves que la creación de esta baja aún está “en un proceso interno de discusión”.
Al carro se subió también la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, quien aseguró que “no se va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres”, a lo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, contestó que lo que “estigmatiza” a la mujer no es aprobar una baja laboral por reglas dolorosas, sino “no tener la sensibilidad suficiente” para comprender que mujeres y hombres son “diferentes”.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de “enredar” con este asunto en la futura ley del aborto para no hablar del espionaje del llamado caso Pegasus y el “lío” que ha abierto con el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban.
Al ser preguntado por si el PP apoya dar la baja laboral a las mujeres que sufren una menstruación dolorosa, Feijóo dijo que las bajas laborales “las dan los médicos”, que “saben perfectamente” en qué casos está indicada esa baja cuando hay problemas “severos” o cuando hay tratamiento.
