La bajada del IVA de compresas, tampones y otros productos de higiene íntima no formará parte de la ley del aborto. El Ministerio de Igualdad planteó esta medida para paliar la pobreza menstrual, pero Hacienda no le ha dado el visto bueno, por lo que quedará fuera de la reforma. Era uno de los últimos detalles que quedaban por conocerse de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y que la titular de Igualdad, Irene Montero, desveló en la víspera de que el anteproyecto de ley llegue al Consejo de Ministros.
“El socio mayoritario, particularmente Hacienda, no ha querido que vaya en esta ley”, reconoció Montero en una entrevista a la SER. La ministra recordó sin embargo que esta medida forma parte del acuerdo del Gobierno de coalición y que por tanto sigue siendo un “debe”, una “cuestión pendiente”.
Montero aseguró que se volverá a negociar este extremo de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Ya se intentó este año, pero tampoco salió adelante: “Estoy convencida de que en esta legislatura tenemos que avanzar de forma decidida en esto. (...) Lo vamos a pelear”, dijo. La ministra indicó que la reducción del IVA de tampones, compresas y otros productos de higiene íntima, como puedan ser las copas menstruales, tendrían un coste de 30 millones de euros. La ley sí permitirá el reparto gratuito de productos de higiene menstrual en centros educativos, de servicios sociales y penitenciarios.
Montero celebró que la salud menstrual se reconozca en la reforma de la ley del aborto, que incluirá la incapacidad temporal por reglas dolorosas incapacitantes cubiertas íntegramente por la Seguridad Social, e incidió en que este avance tiene, por tanto, que ir acompañado de una bajada del IVA de los productos de higiene menstrual. “Estoy muy orgullosa de que seamos el primer país de Europa que empieza a hablar de una cuestión tabú, que genera vergüenza y que las mujeres viven en soledad como es la menstruación”, defendió Montero.
La ministra aseveró que el hecho de que sea el Estado quien asuma íntegramente el coste de esa incapacidad temporal evitará que las mujeres sean discriminadas a la hora de ser contratadas por las empresas. “Es muy buen acuerdo que le agradezco al ministro Escrivá, que ha trabajado muy duro con nosotras”, precisó. La negociación para alcanzar este avance ha sido difícil en el seno del Gobierno, pero terminó con la inclusión de la medida en la norma. No hubo la misma suerte con el permiso preparto que permita a las mujeres dejar de trabajar en la semana 36 del embarazo: habrá un permiso de este tipo pero que sólo cubrirá a partir de la semana 39 (el embarazo suele durar 40 semanas).
