El PSOE registró ayer una proposición de ley que busca perseguir el proxenetismo en todas sus formas y sancionar a los hombres que acudan a la prostitución con multas y penas de prisión de hasta tres años si la persona prostituida es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad. Así lo explicó la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que afirmó que España no puede seguir mirando hacia otro lado “ante esta grave violación de los derechos humanos”, al tiempo que advirtió de que, si el PSOE tiene que ir solo en esta lucha, lo hará.

Y es que Lastra aseguró desconocer la postura actual de Unidas Podemos y recuerda que en 2019, cuando el PSOE presentó una propuesta para abolir la prostitución, la formación morada “se fracturó” a la hora de votar.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, por su parte, opinó que la propuesta socialista sumará a los esfuerzos del Gobierno de abolir la prostitución y ayudará a continuar con el debate para llegar a un consenso.

La propuesta que el PSOE registró ayer en el Congreso de los Diputados —el debate se celebrará en dos semanas— plantea modificar el artículo 187 del Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. “Se trata de abolir la prostitución en nuestro país”, remarcó Lastra.

En su texto, el PSOE plantea castigar toda clase de proxenetismo, sin que sea necesaria la relación de explotación, y también la tercería locativa, que configura una modalidad agravada del delito de proxenetismo, con aumento de la pena. Señala que las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos, por lo que serán multados. En concreto, contempla multas de entre 12 y 24 meses y penas de prisión de entre 1 y 3 años y multas de 24 a 48 meses en el caso de que la persona prostituida sea menor de edad o una persona en situación de vulnerabilidad. Según el artículo 50 del Código Civil, la multa pude ir desde los diez días a los dos años y el importe, de dos euros diarios a 400, según determine el juez tras analizar la situación económica del condenado.