La nueva ley de universidades se olvida de las becas para víctimas de violencia de género

La Fundación Mujeres, el Fondo de Becas Soledad Cazorla y la Federación de Mujeres Jóvenes han denunciado este lunes esta situación y han solicitado una mejor protección de los hijos e hijas de mujeres víctimas de la violencia de género una vez cumplen la mayoría de edad, ya que cuando dejan de ser menores pierden gran parte de las ayudas.

"Observamos con preocupación la desaparición de la mención directa a las situaciones de violencia de género en el artículo 82.2 sobre becas y ayudas al estudio en las universidades del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. (...) Consideramos que la nueva legislación debe mantener esta circunstancia entre los criterios de preferencia para la obtención de becas y ayudas", expone el VI Informe Anual del Fondo de Becas Soledad Cazorla sobre el alcance y la consolidación de la protección a huérfanos de la violencia de género, presentado este lunes.

La presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, Ada Santana, ha denunciado que los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, a pesar de ser víctimas directas del maltrato, tienen "enormes dificultades" para acceder a las medidas de protección, ayudas y recursos cuando cumplen la mayoría de edad.

La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha destacado que la acreditación de la condición de víctima es la que da acceso a distintas ayudas y derechos y que están "empezando a ver que en el momento en que se sobrepasa la mayoría de edad, empiezan a surgir dudas en la consideración de esa condición". En ocasiones, no hay resoluciones judiciales para poderla acreditar, o han caducado porque el asesinato se produjo hace años cuando el menor era muy pequeño.

El 67% de los menores huérfanos por violencia machista tenían entre 0 y 12 años cuando su madre fue asesinada, por lo que en algunos casos el asesino llega a cumplir la condena antes de que los pequeños cumplan 18 años.

Por ello, el Fondo de Becas pide que se amplíen las ayudas para la reparación y el desarrollo de estos chicos y chicas y se consideren víctimas directas de la violencia hasta los 25 años, cuando exista dependencia económica o bajos niveles de renta, y hasta los 26 si se están cursando estudios.

En algunas comunidades autónomas, el alcance temporal de las medidas de protección sí llegan a esa edad, como Cataluña, el País Vasco o Castilla y León, pero estas organizaciones inciden en la necesidad de homogeneizar el ámbito temporal a nivel nacional y de poner en marcha un sistema específico de acreditación de la condición de víctima de violencia de género para menores y jóvenes, particularmente de los huérfanos. De esta manera, se evitaría el "efecto caducidad" de las medidas de protección que se hayan dictado en las resoluciones judiciales.

Una medida que el Fondo estima necesaria para paliar esta desprotección en la que quedan algunos jóvenes es incluir a los hijos y las hijas de las mujeres maltratadas en el Estatuto de la Víctima para que puedan acceder de manera gratuita y confidencial a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las administraciones.

Y solicita un "reconocimiento explícito en el ámbito educativo" para que el conjunto de las ayudas al desarrollo de estudios de cualquier nivel dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género sean aplicables a sus hijos e hijas con independencia de la existencia de medidas de protección en vigor.

En la actualidad, la ley de universidades recoge la exención parcial o total del pago de las tasas universitarias para las víctimas de violencia de género para garantizar su acceso y permanencia en los estudios. Aun así, la Federación de Mujeres Jóvenes denuncia que cinco comunidades autónomas no han incluido esta excepción de pago en sus decretos de precios públicos: Murcia, Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, esta mención explícita desaparece en la futura ley del sistema universitario, que aún tiene que pasar en segunda vuelta por Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso de los Diputados.

Desde 2013, 352 menores han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género. El Fondo de Becas Soledad Cazorla cifra en 299 las personas que se quedaron huérfanas por violencia machista siendo mayores de edad entre el 2013 y el 2020.