La escultura ‘Candela’ de Jaume Plensa, ‘La ola’ de Jorge Oteiza y Santa Maria del Mar y del Pi comparten protección artística, las dos primeras son obras contemporáneas de autores renombrados y las dos segundas ejemplos indiscutibles del gótico catalán. Y comparten también vandalización. La pieza del artista vasco, instalada frente al Macba, no hay día que no amanezca cubierta por grafitis; la del catalán fue pintarrajeada recientemente; y las dos iglesias han sufrido los mismos males: han sido pintadas con el agravante de que el daño hecho sobre un escudo medieval de piedra de Santa Maria del Pi tiene poco arreglo. Las agresiones sobre el patrimonio histórico-artístico que no son fácilmente reparables pueden ser perseguibles penalmente y comportar castigo de prisión. Eso es lo que asegura una sentencia reciente del Tribunal Supremo por la que se condenó a cinco meses de cárcel, más la correspondiente multa pecuniaria, al autor de dos grafitis sobre la obra de Eduardo Chillida ‘Lugar de Encuentros II’, situada en la plaza del Rey de Madrid. Sentencia que el Ayuntamiento de Barcelona blande ahora como aviso para luchar contra lo que es una plaga en algunos puntos de la ciudad: las pintadas sobre fachadas (protegidas o no), persianas y todo lo que se tercie. 

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ya aseguró hace dos semanas, que acabar con el incivismo de los grafiteros era una prioridad de la Operación Verano, el dispositivo que se activa en la ciudad del 1 de junio al 5 de septiembre. Y lo ha marcado este lunes como objetivo en la enésima presentación del plan Cuidem Barcelona con el que el consistorio quiere revertir la percepción de suciedad que tienen los vecinos a partir de un plan de choque de 70 millones para actuaciones concretas y mejoras sustanciales en los servicios de limpieza municipales ya explicados en octubre, marzo y mayo. Este lunes se ha hablado de algunas novedades del plan, como la sensibilización y corresponsabilidad ciudadana a la hora de cuidar el espacio; y de mejoras en la recogida de los deshechos que genera el comercio, así como de las posibles sanciones a los reincidentes; y se ha hablado, sobre todo, de las pintadas. 

Ayuntamiento "proactivo"

Batlle y el inspector de la Guardia Urbana Jordi Oliveras han afirmado que el ayuntamiento será “proactivo” en su lucha contra los grafiti y han recordado que la ley permite hacer diligencias administrativas que se saldan con una multa, o penales, que pueden tener penas de cárcel si el juez así lo estima, en los casos en que los daños sean graves. En este último supuesto estaría Santa Maria del Pi, el problema es dar con los autores. Así que, para disuadir a los vándalos o para pillarlos in fraganti, la Guardia Urbana reforzará la vigilancia en las zonas donde se producen más actuaciones: Ciutat Vella, Gràcia y Poble-sec. También habrás más brigadas dedicadas a limpiar las pintadas y un aumento de presupuesto para reforzarlas, concretamente el ayuntamiento ha aprobado un incremento de 1’8 millones de euros para destinarlos a la eliminación de grafitis. También se ha activado un servicio a través del 010 para que los comerciantes denuncien en caso de ver vandalizadas las persianas de sus establecimientos y el consistorio se compromete en limpiarlas en menos de 48 horas. 

A día de hoy, ha habido 141 denuncias por pintadas (la media anual se sitúa entre las 150 y las 200, el 99% por vía administrativa) y a fecha de 31 de marzo ya se han eliminado 471.114 metros cuadrados de grafiti en 30.345 actuaciones. Sobre las diligencias penales el ayuntamiento no da cifras pero asegura que se han instruido algunas relacionadas con el vandalismo en el transporte público, el que más preocupa por el peligro inherente que supone que los grafiteros bajen a las vías.