El Congreso de los Diputados aprobó ayer la reforma de la ley de la ciencia, un texto que pretende atajar la precariedad laboral de los científicos e investigadores y blindar la financiación suficiente a las labores de Investigación y Desarrollo (I+D): el 1,25% del PIB de aquí al 2030.
La nueva norma, que renueva la de 2011 y que recibió la luz verde del Congreso con 261 votos afirmativos, 59 abstenciones y ni una sola papeleta en contra, tiene por objetivo atraer talento, promover la movilidad de los científicos y reconocer la investigación que se lleva a cabo en los hospitales públicos. También simplifica la carga administrativa en la petición de ayudas y sienta las bases para crear la Agencia Española del Espacio, que se encargará de realizar un estrategia espacial y que se ubicará en una zona de la España vaciada para luchar contra la despoblación. La norma también apuesta por la lucha contra el acoso sexual, el fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres en el mundo científico.
“Esta ley está a la altura de nuestros científicos y nuestras científicas. Es una norma consensuada y oportuna en la que me he implicado personalmente y de la que me siento orgullosa”, aseguró la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante el debate parlamentario.
Sin embargo, el texto no convence a toda la comunidad científica. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, que convocó una concentración frente al Congreso coincidiendo con la votación de los diputados, criticó que muchas enmiendas no hayan sido tenidas en cuenta. Además, varias sociedades, como la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, la del Estudio de la Biología de la Reproducción, la de Investigación sobre el Cáncer o la Fundación ECO para la Excelencia, aseguran que “no es la ley que España necesita”.
Contrato indefinido e indemnización son expresiones poco habituales en el mundo de la ciencia española. La reforma legislativa busca reducir la precariedad laboral consagrando un nuevo contrato indefinido que no estará sujeto a la oferta pública de empleo y que estará dirigido a investigadores, técnicos y personal de gestión. También se podrán beneficiar de este modelo laboral, y con independencia de su nivel de formación, personas con experiencia y competencia suficiente.
Para fomentar la estabilidad, el texto promueve los contratos posdoctorales de hasta seis años en universidades, fundaciones y consorcios del sector público. La norma contempla algo que la vigente ley no hacía: el derecho de indemnización, que también se aplicará a los contratos predoctorales.
Además, el computo de la duración se interrumpirá cuando se soliciten permisos y excedencias por motivo de conciliación de la vida laboral y familiar. Con el objetivo de atraer científicos de prestigio, la nueva ley redefine el contrato de investigador distinguido.
Finalmente, el Sistema Nacional de Salud (SNS) no queda excluido de la norma. Los investigadores que trabajen en el SNS dedicando, al menos, el 50% de su jornada laboral a las tareas de investigación tendrán categorías específicas y se les aplicarán los contratos de la ley de la ciencia. El texto especifica que se aprobará un Estatuto del personal de investigación del SNS. La noticia fue muy bien recibida por la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH): “En dos años, la carrera profesional de los investigadores sanitarios tiene que ser similar a la del resto de los trabajadores del Sergas en Galicia, como son los médicos”, indicó la secretaria y directiva, Cristina Peña, en alusión a un marco que deberán cumplir todas las comunidades.
Cuando la norma entre en vigor, la carga administrativa que conlleva el mundo científico se reducirá considerablemente.
La justificación de subvenciones será de forma simplificada. Reconociendo el valor de la ciencia como “bien común”, la nueva ley impulsa la difusión en abierto de datos y metodologías y no solo publicaciones. Publicar en abierto será un mérito curricular.
