El Consejo de Ministros prevé aprobar el lunes el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocido como ley trans. Fuentes del Ejecutivo adelantan que la ley, que estudiará el Gabinete de Pedro Sánchez en segunda vuelta para su remisión a las Cortes, ha sufrido cambios pero estos no afectan al derecho a la autodeterminación de género, que fue el principal punto de conflicto entre el PSOE y Podemos antes de que el anteproyecto fuera aprobado por el Consejo de Ministros, en primera vuelta, en junio.
Desde entonces, el proyecto legal ha sido revisado por los órganos consultivos y, según las mismas fuentes, se han incorporado aquellas cuestiones que “podían mejorar la ley” pero sin modificar los derechos fundamentales ya reconocidos por el anteproyecto. Como sucedió hace justo un año, el Gobierno aprobará una ley fundamental para el colectivo LGTBI coincidiendo con la celebración del Orgullo, aunque en 2021 la efeméride reivindicativa fue usada como espada de Damocles: varios colectivos amenazaron al PSOE con no invitarles a la manifestación central en Madrid, lo que presionó al ministerio de Justicia y a la Vicepresidencia Primera (en manos del PSOE) a llegar a un acuerdo con Igualdad (capitaneado por Irene Montero) sobre la autodeterminación, que supone reconocerla de facto pero sin mencionarla explícitamente.
Y es que Carmen Calvo, entonces vicepresidenta, se alineó con las tesis de una parte del feminismo, que considera que la ley “borra a las mujeres” y la discriminación que sufren basada en su sexo biológico, y exigió introducir en el texto legal pruebas documentales que demuestren la situación estable de transexualidad. Pero finalmente el PSOE rebajó esta pretensión y el anteproyecto permite cambiar de sexo en el Registro Civil y en el DNI con la mera voluntad del interesado, sin exhibir ningún tipo de prueba.
En la actualidad, para cambiar de sexo se requiere dos años de hormonación y un informe médico; pero cuando entre en vigor la nueva norma, bastará con presentar la petición de cambio registral en dos ocasiones, con tres meses de diferencia. Y según las citadas fuentes, esta parte del texto no ha sufrido cambios sustanciales.
El colectivo LGTBI aplaude que el Gobierno estudie de nuevo la ley trans el próximo lunes y, aunque se ha demorado un año respecto a la aprobación inicial, cree que “hay tiempo de que pueda ver la luz esta legislatura”, según el vicepresidente de la Federación Estatal LGTBI+, Mané Fernández. Eso sí, Fernández avisa de que la aprobación por el Gobierno “es un paso más” y que ahora pelearán para que la norma sea “mejorada”, a través de enmiendas, en las Cortes. Especialmente, el reconocimiento de los nuevos derechos para todos los inmigrantes, aunque no tengan papeles, y para los menores de 12 años, dado que el primer borrador permitía el cambio de sexo registral a partir de los 16 años sin tutelas, de 14 a 16 años asistidos por sus representantes legales y de 12 a 14 años mediante autorización judicial.
Pero la Federación LGTBI+ pretende que se reconozca la autodeterminación de género a los menores de 12 años si demuestran madurez y reafirmación en el tiempo, tal como estableció una sentencia del Constitucional. Por su parte, la Federación Plataforma Trans exigirá que “el cambio de sexo no tenga límite de edad, sea a través de un trámite administrativo y no se requiera peritación médica y judicial, como marcan los estándares europeos”, según explica su presidenta, Mar Cambrollé.
