Avanza la tramitación de la reforma de la ley del aborto planteada por el Gobierno. El anteproyecto de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ya ha recibido el primer dictamen de un órgano consultivo, el del Consejo Económico y Social (CES), que interpela al Ejecutivo por no haber abordado en el diálogo social las incapacidades temporales por reglas dolorosas, por interrupción del embarazo y para la semana 39 de la gestación. Son “cuestiones que hubieran debido ser abordadas, en el ámbito del diálogo social entre Gobierno e interlocutores sociales, como cauce natural para su tratamiento que, incomprensiblemente, se ha obviado en la tramitación del anteproyecto, pese a que las nuevas prestaciones inciden directamente en los derechos de las personas trabajadoras y las obligaciones de las empresas”, se lee en el dictamen, hecho público este jueves.
Este órgano, integrado por representantes de sindicatos y empresas y otras organizaciones sociales, comparte el objetivo de la ley de “fortalecer las garantías que hagan efectivo el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres como materialización de los derechos humanos y su consideración como manifestación de la dignidad de la persona y los derechos a la igualdad y no discriminación, a la integridad física, a la vida, a la intimidad, a la salud y a la educación”. Sin embargo, ha expresado sus “dudas” con respecto al “diseño jurídico” de las situaciones especiales de incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria (reglas dolorosas por patología), a la interrupción del embarazo (voluntaria o espontánea) y para la semana 39 de la gestación.
El CES asegura compartir la necesidad de avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos y de adaptar la protección social a los cambios sociales, si bien no considera “adecuadamente justificado” que se haya elegido esa fórmula y expresa sus dudas ante “el punto de vista conceptual”. Asimismo, incide en que se debe garantizar en todo caso la confidencialidad en las causas de la baja.
También solicita que se evite restablecer la analogía entre embarazo y enfermedad y sugiere cambiar el descanso a partir de la última semana del embarazo por una figura distinta a la de la incapacidad temporal, “existiendo otras prestaciones del sistema que quizá podrían albergar mejor la protección de la salud y el bienestar de la gestante en esta fase”, indica.
El órgano consultivo ha querido llamar la atención en las “particulares dificultades que han presidido la emisión de este dictamen”, pues la solicitud del Ejecutivo de trámite de urgencia ha ido en detrimento del análisis sosegado de una reforma legal de esta “importancia social, complejidad y alcance”. “Al Consejo le merecen el máximo respeto los numerosos derechos, algunos de ellos fundamentales, y situaciones afectadas por la norma, que impacta en ámbitos tan sensibles como, sin ánimo de exhaustividad, la efectividad de los derechos reproductivos; las desigualdades de género en salud; la equidad en el acceso a la atención sanitaria; la educación; la gestación subrogada o algunos derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social que, por cierto, no han sido abordados en el ámbito del diálogo social”, indica el dictamen.
