Los abusos sexuales a personas con parálisis cerebral son una dura realidad que rara vez sale a la luz y cuando lo hace suele enfrentarse con un muro infranqueable en los tribunales a la hora de reclamar justicia. La mitad de las personas con parálisis cerebral tienen la capacidad intelectual a nivel pleno, es decir, entienden todo lo que pasa a su alrededor pero su cuerpo no les permite comunicarse de manera habitual: pueden hacerlo con un parpadeo, un movimiento de cabeza o señalando un pictograma, por ejemplo. Atrapadas en sus cuerpos, para las víctimas de abusos sexuales es muy difícil manifestar esas situaciones y más aún cuando la mayoría de las agresiones procede de personas de su entorno: familiares y profesionales vinculados a su atención.

A este drama se unen los obstáculos a los que se enfrentan los pocos casos que llegan a conocerse y denunciarse durante el proceso policial y judicial que impiden demostrar los hechos, empezando por el lenguaje. Los tribunales no reconocen la única forma que tienen de comunicarse (pestañeos, pictogramas) y sus testimonios pocas veces tienen validez jurídica y probatoria.

La Confederación Aspace puso en marcha, hace un año y medio, un canal de violencia contra las mujeres con parálisis cerebral, a través de WhatsApp (661 347 869), y en ese periodo ha atendido 53 casos, explicó la abogada Ángeles Blanco Díaz. De ellos, 36 son delitos de agresiones sexuales cometidos presuntamente por conocidos y familiares (entre ellos una niña de 2 años), seis de violencia de género en el contexto de pareja, ocho de violencia sexual digital en el contexto de pareja, dos delitos de explotación sexual y uno de violencia intrafamiliar. Once ya han llegado a los tribunales, aunque tres de ellos han sido sobreseídos. “Tenemos tres casos de archivos de violaciones muy graves —dos de ellas múltiples y otra continuada— que se archivaron porque se entendió que la comparecencia con Comunicación Aumentativa y Alternativa —el lenguaje de las personas con parálisis cerebral— no era prueba”, expone la jurista.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no incluye ninguna mención a este tipo de comunicación, con la que tendría que expresarse la víctima. “Si el juez no admite que se haga la comparecencia de ese modo, poco recorrido va a tener el caso, donde no suele haber testigos, ni pruebas forenses porque la detección es muy tardía”, asevera la letrada, quien lamenta, también, las limitaciones que tiene para concretar los hechos con las víctimas porque “a día de hoy ni siquiera los propios pictogramas contemplan situaciones de violencia sexual; hay uno de tocamientos y otro general de violación, pero esas agresiones no se producen de la forma más habitual; no tengo las armas para que lo expliquen”. “Los agresores sexuales se cuidan de no dejar rastro de la violación; normalmente son personas del entorno, familiares, profesores, monitores de ocio o fisioterapeutas y no lo tienen complicado porque estas personas son tan dependientes que necesitan a otra para todo, para su higiene, para el cambio de pañal...”.

¿Cómo se detectan esos abusos? “Se percibe un cambio en la conducta de esa persona pero como el proceso de detección es tardío, pierdes la prueba forense y si no se admite el testimonio de las víctimas...”, insiste Ángeles Blanco, delegada de derechos humanos y coordinadora de incidencia de la Confederación Aspace.