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La Opinión de A Coruña

¿Qué falló realmente con la app Radar Covid? Luces y sombras de uno de los fiascos de la pandemia

Dos autores del estudio piloto en La Gomera apuntan al sistema autonómico como el principal problema de la implantación

Complejo hospitalario de A Coruña en la segunda ola. | // VÍCTOR ECHAVE

Imagine que en la primera ola de este virus hay casi 30.000 fallecidos y los hospitales se desbordan. Imagine que aún no hay vacunas ni test rápidos que avisen de un positivo. Imagine que dispone de una herramienta, en su teléfono móvil, para saber si alguno de los desconocidos con los que se ha cruzado está contagiado, si ha tenido un contacto de riesgo, si ha podido estar en peligro. Imagine cómo de útil podría ser esa herramienta. Imagine, porque la realidad de Radar Covid, la aplicación que nació para ayudar a la detección de contactos en la pandemia de COVID-19, fue otra.

Un usuario con su aplicación en el teléfono. | // JOSÉ LUIS ROCA

Tres meses después de que estallara la pandemia, el Gobierno puso en marcha en la isla de La Gomera la prueba piloto de una aplicación móvil que permitía notificar al usuario su posible contacto estrecho con un positivo por COVID-19. Por la vía de emergencia, como la mayoría en aquellos meses, Indra fue la adjudicataria del contrato que ascendía a 330.537 euros. Los resultados del piloto fueron “positivos”, como concluyó el estudio que publicó la prestigiosa revista científica Nature, y justificaban su “despliegue a nivel nacional”. A finales de verano, el Gobierno presentó en sociedad Radar Covid y adjudicó sin publicidad un nuevo contrato a la misma empresa para el mantenimiento y puesta en marcha de la que prometía ser una herramienta clave para ayudar a doblegar futuras curvas de contagios.

Dos años después, los positivos confirmados por la aplicación son poco más de 124.000, la Secretaría de Estado de Digitalización ha sido apercibida por haber infringido ocho artículos del reglamento de protección de datos y la factura asciende a 4,2 millones de euros, unos 50.000 euros por código. “Demostramos que, con un 30% de personas con la aplicación, éramos capaces de reconocer hasta 6,3 contactos por infección y eso es una barbaridad”», señala Álex Arenas, doctor en Física de la Universitat Rovira i Virgili y coautor del estudio de La Gomera. “Pero creo que el Gobierno tampoco insistió demasiado para que esta aplicación se estableciera”, añade.

Para otra de las autoras, la especialista en Medicina Preventiva y miembro de la Dirección General de Salud Pública de Canarias Eva Elisa Álvarez-León, “debería haber sido implantada de modo simultáneo y completo en todo el país”. Y esto no fue posible porque tenía que adaptarse a “17 sistemas de rastreo parcialmente independientes”, uno por cada comunidad. El estudio publicado en Nature ya señalaba que algunos de sus resultados tenían que tratarse con “cautela”, y advertía de que para que Radar Covid se adoptara con éxito era necesaria “una importante campaña de comunicación”. El Gobierno gastó 2,2 millones en dar a conocer la aplicación. Incluso en los asientos de los trenes de Renfe aparecieron carteles con los códigos QR para descargarla, bajo el eslogan Protégete y protege a los demás.

Una encuesta de la OCU en septiembre de 2020 señalaba que el 90% de la población había oído hablar de Radar Covid. Pero no fue suficiente. En La Gomera hubo voluntarios que explicaban a pie de calle cómo funcionaba la aplicación, algo que no se dio a nivel nacional. “Se necesitaba una campaña de comunicación para hacer entender a la gente para qué servía, cómo funcionaba y qué ganábamos”, insiste Arenas.

Los dípticos informativos hablaban de que Radar Covid multiplicaba por dos la capacidad de rastreo manual y, con un 20% de usuarios, la pandemia se reducía en un 30%. La tasa de penetración sí ha sido del 21%, pero no es posible saber cuántas descargas son de un usuario o cuántos han acabado por desinstalarla. “El sistema sanitario español está descentralizado y las competencias son transferidas a cada comunidad. Un adecuado despliegue requiere que cada autonomía integre su sistema sanitario con la aplicación”. A esta conclusión llegaron los autores del estudio de Radar Covid, que advertían de “un factor crítico que sustenta el éxito” y de que no había sido “validado en el experimento”. Los dos coautores coinciden en que ha sido el principal problema.

El funcionamiento de Radar Covid es, a priori, sencillo. El móvil permanece activo emitiendo una señal anónima y no geolocalizada por Bluetooth. Cuando se produce un contacto de más de 15 minutos con otro teléfono, estos memorizan la señal. Si el portador de uno de estos teléfonos confirma que es positivo mediante PCR, el centro de salud le proporciona un código de 12 dígitos que tendrá que introducir en la aplicación. En ese momento, avisa a todos los terminales que memorizó como contactos de riesgo. Pero el principal embudo del que ya advirtieron los autores se producía a la hora de entregar los códigos. Dos años después, sigue sin haber datos de los que las comunidades han entregado a sus contactos positivos. En 12 autonomías, la ratio de códigos introducidos por casos confirmados es inferior al 0,5%, y en Extremadura, Comunidad Valenciana, Ceuta, Melilla o la propia Canarias es directamente cero.

“Aquello era un Cristo, no se lo tomaron demasiado en serio”

“Aquello era un Cristo, no se lo tomaron demasiado en serio”, se lamenta el doctor en Física, Álex Arenas. “Cada comunidad debía integrar la herramienta de un modo diferente en su propio sistema de rastreo, y esto exigía una dedicación de medios humanos y técnicos del que no todas disponían”, explica Álvarez-León, que añade que Radar Covid llegó cuando arreciaba la segunda ola. Alberto se contagió en su pico, en octubre de 2020. Cuando preguntó a su médica de cabecera, en Cádiz, por el código que tenía que introducir en Radar Covid, sintió que le estaba hablando en chino. La doctora salió de la consulta para preguntar al personal si alguno sabía de dónde salía ese código. Todos habían oído campanas pero no sabían dónde era la misa. “No todas las comunidades estaban preparadas, pero había prisa por ponerla a disposición porque la incidencia estaba volviendo a incrementarse. Las prisas y los medios insuficientes siempre dificultan la correcta implantación de cualquier herramienta novedosa”, se lamenta Álvarez-León. Y todo pese al empeño de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas: “No es un proyecto fracasado y no aceptaré que se diga que la secretaría no hizo un buen trabajo”.

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