“Hoy es un día de victoria después de muchos años de lucha: se aprueba por fin, definitivamente, la ley de garantía integral de la libertad sexual, la ley del solo sí es sí”. La ministra de Igualdad, Irene Montero, celebró ayer con orgullo el visto bueno del Congreso, con una breve enmienda del Senado, a una de sus leyes más importantes porque el camino no ha sido fácil: 30 meses de desencuentros, negociaciones asfixiantes y giros inesperados. Cuando entre en vigor, el Estado ofrecerá una respuesta integral a las víctimas de la violencia sexual como la ley de 2004 contra la violencia de género empezó a hacer frente al maltrato machista. Ni el PP ni Vox apoyaron la norma.
Esta legislación es un mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que adecua la legislación española al Convenio de Estambul. Pero, sobre todo, articula una demanda histórica del movimiento feminista español, que llenó las calles tras conocerse la sentencia de La Manada, que condenó a los agresores por un delito de abuso y no de agresión sexual. “El grito feminista del solo sí es sí, del hermana yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado”, defendió la ministra de Igualdad.
“Batalla muy difícil”
Montero agradeció al movimiento feminista y a las víctimas de violencias sexuales que hayan “dado una batalla muy difícil” para que “el Gobierno de coalición pueda dar este paso”. También quisieron honrar a las feministas desde el PSOE y desde Unidas Podemos. Así, la diputada socialista Laura Berja aseguró que esta ley es el logro de la reivindicación del movimiento feminista, mientras que Sofía Fernández-Castañón, de UP, dijo que este ha sido “la brújula de una reclamación de justicia social”.
Pese a que España tenía pendiente la aprobación de una ley contra la violencia sexual, a la que le obligan sus compromisos internacionales, el partido de Alberto Núñez Feijóo y el de Santiago Abascal votaron en contra de la norma, a la que se opusieron desde su entrada en la Cámara baja. “Otra ley de igualdad que el PP vuelve a votar en contra sin motivo”, se quejó Laura Berja.
Defendió la postura de los populares Marta González, quien, aun reconociendo que el Pacto de Estado considera necesaria la elaboración de una norma específica contra la violencia sexual, reiteró que la ley aprobada no gusta a l PP.
Este posicionamiento también fue criticado por Ciudadanos, que recordó que fue en su momento el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá, de un Gobierno del PP, quien comenzó los trámites con la Comisión de Tipificación para evitar que pudieran repetirse casos como el de La Manada. “La defensa de la igualdad debería ser la defensa de toda la Cámara”, afeó Sara Giménez, de Cs.
Las medidas más conocidas de la ley son el fin de la distinción entre abuso y agresión sexual y el cambio de paradigma a la hora de juzgar los delitos sexuales, que deberá tener en cuenta el consentimiento. Pero el texto incluye la prevención de las violencias sexuales, la reparación de las víctimas, la detección precoz, el castigo de los delitos y la atención integral a mujeres y menores afectados. La norma nace sin medidas para combatir el proxenetismo y la tercería locativa: la postura abolicionista del PSOE chocó con la de sus socios y el encontronazo terminó con la retirada de ese cambio del Código Penal. Este debate volverá al Congreso este otoño en torno a una proposición socialista.
Entrada en vigor
Casi toda la norma entrará en vigor 30 días después de su publicación en el BOE, incluida la modificación del Código Penal para convertir el consentimiento en el paradigma del enjuiciamiento de los delitos sexuales, el fin de la distinción entre abuso y violación, la consideración de la sumisión química como agravante y el castigo de la difusión de fotos y vídeos íntimos sin permiso.
Algo más tardará la garantía del derecho a la asistencia integral, gratuita y especializada a las víctimas para que puedan superar las consecuencias derivadas de las violencias sexuales: seis meses. En este apartado entran los centros de crisis 24 horas, los servicios de atención a víctimas de trata y explotación sexual y los de atención especializada a víctimas menores.
LAS CLAVES DE LA NUEVA NORMATIVA
1 El consentimiento
Será el elemento clave que determinará la existencia de una agresión sexual. Se pasa así de un sistema que exige demostrar que la víctima se negó y se resistió a otro que requerirá un consentimiento afirmativo, como pide el Convenio de Estambul.
2 No es abuso, es violación
La norma reforma la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal y acaba con la distinción entre agresión y abuso sexual. Habrá distintas horquillas de penas en función de la gravedad y de la concurrencia de agravantes.
3 Sumisión química
Se incluyen dos nuevos agravantes en las agresiones sexuales. Una es que la víctima sea pareja o expareja del agresor y otra que el autor haya utilizado cualquier sustancia para anular la voluntad de la víctima, esto es, la sumisión química.
4 Centros de crisis
Se crearán servicios públicos interdisciplinares de atención permanente para ofrecer asistencia las 24 horas tanto a las víctimas de violencia sexual como a sus familiares y allegados. En 2024 tiene que haber en funcionamiento uno en cada provincia.
