El Congreso tiene que ultimar la ley del deporte, que pretende acabar con el desamparo que sufren las deportistas embarazadas, castigar el sexismo, equilibrar la presencia de las mujeres en los órganos directivos e impulsar protocolos contra el acoso sexual.
El proyecto, aprobado por el Gobierno a finales de 2021, está en el trámite de ponencia: la Comisión de Cultura y Deporte de la Cámara Baja tiene que estudiar las más de 700 enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios para negociar el contenido final del texto. Entre sus cometidos, la norma aspira a actualizar la legislación española para reconocer la contribución de las mujeres al deporte español y combatir las múltiples desigualdades aún existentes. “Hoy en día asistimos al crecimiento imparable del papel de las mujeres en el deporte sin que el ordenamiento jurídico haya respondido adecuándose a este fenómeno”, reconoce el proyecto de ley en su exposición de motivos.
Para cambiar esa realidad, entre los fines de la futura ley se incluye el “impulso garantista y salvaguarda de la igualdad efectiva de todas las personas en la práctica deportiva”, con atención particular a la “inequidad entre los sexos”: “Se adoptarán las medidas correctoras que remuevan los obstáculos que impidan dicha igualdad”. “Se desarrollarán políticas que prevengan, identifiquen y sancionen la merma de derechos o que impliquen situaciones de discriminación que puedan provenir de las entidades deportivas y su vinculación con las mujeres deportistas en las relaciones laborales, deportivas, administrativas o de cualquier clase que mantengan con las mismas”, se lee en el proyecto.
Uno de los aspectos más destacados es que el texto legal quiere acabar con el “desamparo legal de las mujeres deportistas en situación de embarazo ante la pérdida de ayudas y subvenciones bajo el pretexto de no haber competido” con la “reducción de sus derechos como miembros de entidades deportivas”, la pérdida del derecho a voto en las asambleas generales de las federaciones deportivas, así como con las dificultades manifiestas para la conciliación familiar y para la reincorporación a la actividad deportiva tras la maternidad.
La futura ley garantizará a los deportistas profesionales el derecho a la conciliación en su vida familiar y el reconocimiento de medidas de especial protección en su derecho a la maternidad y la paternidad. Para ello, las federaciones deportivas y las ligas profesionales estarán obligadas a elaborar un plan de conciliación y corresponsabilidad con medidas de protección de la maternidad y la lactancia.
Otra demanda histórica a la que aspira a dar respuesta la norma es la participación de la mujer en los órganos de decisión: las entidades deportivas deberán equilibrar la presencia de hombres y mujeres en sus órganos directivos, de gobierno y representación.
Y ante la flagrante desigualdad económica, el proyecto establece igualdad en los premios que reciben hombres y mujeres en eventos deportivos impulsados o financiados por la administración pública y que las dietas de los y las integrantes de las selecciones nacionales sean las mismas.
Además, el Gobierno deberá desarrollar políticas públicas específicas de lucha contra la violencia hacia las mujeres en el deporte y los estereotipos sexistas.
Otra novedad relevante es la introducción explícita del sexismo y la violencia contra las mujeres en la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que es la que vela por el mantenimiento del orden público en los eventos deportivos y establece un régimen sancionador contra las conductas violentas.
