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La Xunta carga contra la nueva ABAU: diluye asignaturas y eleva desigualdades territoriales

Educación sospecha que el examen de madurez, que contará hasta el 75%, podría obligar a una doble o triple corrección | Pide homogeneizar y critica la prueba piloto en 2023

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, y la directora xeral de Ordenación e Innovación educativa, Judith Fernández. | // X. ÁLVAREZ

La Xunta carga contra las modificaciones que plantea el Ministerio de Educación al examen que lleva casi medio siglo (se instauró en 1974) quitando el sueño a los estudiantes de Bachillerato. La prueba antes conocida como selectividad y luego ABAU que a partir de 2024 se llamará —probablemente— solo acceso y abre las puertas a la universidad, incluye cambios de raíz en el modelo que, para la Consellería de Educación, elevan las desigualdades entre alumnos de distintas comunidades autónomas. Ayer mismo tenían listas para enviar sus aportaciones al Ministerio de Educación y, sin citar alegaciones concretas, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, insistió en la filosofía de homogeneizar al máximo la prueba: “un examen único”.

La propuesta “no solo va a mantener las desigualdades entre comunidades, sino que va a generar otras entre alumnos de las mismas autonomías, en función del tribunal que corrija”, expresó el titular autonómico en materia educativa.

Al mismo tiempo, concretó en qué objeta los cambios, que ve precipitados y que no solucionan la necesidad de asegurar niveles de exigencia similares. Tampoco existe margen para evaluar el funcionamiento y resultado de las pruebas piloto, asegura. “La primera de ellas está prevista para este mismo curso, en primavera, y a ella el Gobierno central pretende que concurra en abril alumnado de 2º de Bachillerato. Esto a pesar de que dos meses después, en junio, se examinará con el modelo vigente en los últimos años”, ejemplificaron. Esto, en opinión de la Xunta, no resulta idóneo, dado que este alumnado cursó toda esta etapa escolar por el sistema de la anterior ley educativa, lo que supone obligarlos a afrontar un estrés innecesario, que repercute también en sus familias y en el propio profesorado.

Además, la introducción de un ejercicio de madurez con una ponderación inicial del 25% (que llegará al 75% en el curso 2026/27) “lleva consigo varios problemas que el Ministerio no parece contemplar, entre ellos cómo afectará al proceso de enseñanza-aprendizaje y la mezcla de idiomas”. En el caso de Galicia el gallego, el inglés y el castellano, que quedan difuminados y las materias humanísticas, lo que complica evaluarlos en una única corrección. La Xunta teme que se incremente así el grado de subjetividad, lo que haría preciso contar con varios especialistas para realizar una doble y mismo triple corrección.

El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidad, Román Rodríguez, mantuvo una reunión de trabajo para analizar y ultimar los detalles del informe elaborado junto con el secretario general de Universidades, José Alberto Díez de Castro, y con la directora general de Ordenación e Innovación educativa, Judith Fernández. Todos coinciden en que se trata de un nuevo paso que devalúa la cultura del esfuerzo, “en la línea de lo que viene sucediendo con distintas medidas por parte del Gobierno desde la entrada en vigor de la nueva ley educativa” y piden que no se repitan los problemas de la implantación de la nueva ley educativa y no se genere incertidumbres en el alumnado en uno de los momentos más decisivos de su vida académica.

A los alumnos que ahora cursan 2º de Bachillerato no les afectará, pero sí a los que vienen detrás, sobre todo a quienes empiezan 2º de la ESO, que experimentarán en 2027 en toda su plenitud la reforma. Es decir, el primer curso en el que se comenzará a implantar la nueva prueba es el 2023/24 —está pensada para ser aplicada de forma gradual a partir de 2024 y culminar el cambio en 2027—. Pues bien, “pese al cambio radical que formula, no figuran previstos cambios metodológicos ni una formación previa adaptada a los nuevos criterios, ni para los docentes ni para el alumnado de 1º de Bachillerato, que acaba de comenzar esta etapa con nuevos currículos”, aseguran.

En lo que insiste el gobierno gallego es que, precisamente, esta nueva estructura en la que predomina el ejercicio de madurez , va a acentuar las desigualdades territoriales, que son el principal problema detectado alrededor del actual modelo de la ABAU, pues las comunidades autónomas que mejores resultados cosechan en evaluaciones internacionales de prestigio como PISA —como es el caso de Galicia, pero también de Castilla y León— no tienen un resultado parejo en la prueba. Por tanto, la propuesta del Estado no resolvería esta desigualdad si no que, siguiendo el discurso trasladado por la Xunta, la incrementa, dado que no establece un modelo único en toda España a pesar de que después los alumnos pueden pedir plaza en cualquier universidad española. Es decir, “se realizan 17 exámenes con criterios de evaluación diferentes para una sola puerta de entrada”, lo que afecta especialmente al acceso de determinadas titulaciones.

A la vista de estos defectos, la Xunta lamenta la sensación de improvisación, lo que contrasta con la necesidad de abordar una reforma seria y profunda de un modelo que, por su naturaleza y repercusiones en el alumnado y en la sociedad, “debería tener vocación de permanencia”. “Un cambio del calado de esta propuesta debería afrontarse de forma pausada, con el tiempo preciso para consolidar y evaluar los nuevos currículos, que acaban de ponerse en marcha. Hace años que se están produciendo desigualdades de manera sistemática, que están perjudicando la comunidades como Galicia, que a pesar de estar a la cabeza de España en resultados académicos, quedan por debajo del promedio en las calificaciones de la ABAU”, abundan. En términos generales, la selectividad que plantea el Ministerio de Educación ahora tendrá menos de la mitad de exámenes de la que se realiza ahora y los ejercicios van más encaminados a aplicar conocimientos, en la línea de PISA, que a demostrar que han sido memorizados.

Román Rodríguez ha instado al Gobierno central a actuar con “flexibilidad” y “altura de miras” y a no tratar de imponer un modelo que “no sólo no corrige los previos, si no que, además, al no plantear estándares homogéneos, puede generar mucha inseguridad en el profesorado, el alumnado y los centros”.

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