El conserje empleado por el Ayuntamiento de Córdoba que presuntamente habría colocado una cámara de vídeo en un cuarto de baño de un colegio de la capital cordobesa podría haber hecho lo mismo con anterioridad en la residencia de ancianos cuando ésta era de titularidad municipal. El juzgado de instrucción número 2 de Córdoba instruye esta causa desde que el hombre fuera detenido por la Policía Nacional, después de que una de las trabajadoras del centro educativo se diera cuenta de la existencia de la cámara en uno de los aseos. La dirección del centro denunció los hechos, por lo que la Policía Nacional se personó en el colegio para iniciar las diligencias policiales, que concluyeron con la detención del portero. 

El detenido reconoció el uso de la cámara y de la grabación de imágenes, según fuentes policiales, algunas de las cuales estaban almacenadas en un ordenador que había en su domicilio. Es precisamente en ese ordenador donde se encontraron otras imágenes presuntamente grabadas en la residencia de ancianos Guadalquivir, antes de que pasara a manos de la Junta de Andalucía, y en las que se identificaron dos trabajadoras municipales.

El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, abrió al empleado municipal, que era interino y trabaja desde hace muchos años en la administración local, un expediente de información reservada. Desde que se conocieron los hechos, el empleado fue destinado a otro emplazamiento, lejos del centro educativo.