La Fiscalía General del Estado (FGE) ha enviado un oficio a los fiscales superiores de toda España reclamando información actualizada sobre el número de investigaciones abiertas por las muertes causadas por la COVID-19 en residencias de mayores, al tiempo que da instrucciones precisas para que los familiares, a los que considera “víctimas indirectas” sean “oídos e informados” en todo momento. La orden se produce en plena polémica por las declaraciones del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que afirmó que las familias ya habían “superado” este asunto como argumento para oponerse a una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

El oficio, fechado este jueves y firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, tiene como objeto la “dación de cuentas sobre procedimientos penales incoados por fallecimientos en residencias y centros de mayores como consecuencia de la COVID-19”, unos datos que les emplaza a enviar en 30 días y que deberán actualizarse trimestralmente. En concreto, pide a los fiscales superiores que informen sobre el número de diligencias de investigación tramitadas por los fiscales a fecha 30 de septiembre, así como sobre el número de denuncias y querellas que haya presentado el Ministerio Público entre el 1 de enero y el pasado día 30.

Los últimos datos oficiales que se conocen obran en la Memoria de la Fiscalía de Madrid, relativa a 2021, en la que se señala que con fecha del pasado 31 de diciembre se mantenían abiertos 64 procedimientos judiciales incoados para el esclarecimiento de fallecimientos en residencias relacionados con la gestión de la pandemia por el virus COVID-19. En estos procedimientos se investigan supuestos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, y en algunos otros casos intrusismo o delito de trato degradante.

En cuanto a las diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía en Madrid, a lo largo del pasado año 9 de ellas concluyeron con la interposición de denuncia y 11 fueron judicializadas sin concluir la investigación al tener conocimiento de que los mismos hechos estaban siendo ya objeto de pesquisas por parte de un juez.