Las víctimas de violencia de género padecen maltrato durante mucho tiempo: quienes dan el difícil paso de denunciar a su agresor, apenas el 20%, tardan una media de casi 9 años en hacerlo. Hay mujeres que sufren violencia durante décadas. Sin embargo, la respuesta de la justicia a este maltrato habitual deja que desear, pues son minoritarias las condenas en las que se castiga al maltratador por convertir la vida de su pareja en un vía crucis.

La Fiscalía General del Estado alerta en su última memoria anual de que sólo el 6,6 % de los delitos de violencia de género se juzgan como maltrato habitual. “Ello nos conduce a reflexionar acerca de la necesidad de intensificar el esfuerzo instructor en la acreditación de este tipo de delitos, de ordinario de gran complejidad probatoria”, incide el Ministerio Fiscal. La Fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, subraya que las mujeres tardan una media de ocho años y ocho meses en denunciar la violencia de género que sufren, y mucho más en el entorno rural, de 12 a 20 años. “Esto lo que nos dice es que están soportando durante muchísimos años todo tipo de violencias. Sin embargo, nos quedamos en muchísimas ocasiones sólo con el último acto: ‘Hoy me ha pegado una bofetada, hoy me ha amenazado’”, precisa. Normalmente, estos asuntos se resuelven por el trámite de diligencias urgentes, por un juicio rápido.

El Supremo también se ha pronunciado este año sobre la violencia habitual que sitúa a la mujer en un estado de “agresión permanente”, una atmósfera irrespirable o un clima sistemático de maltrato. El alto tribunal ha enfatizado que la reiteración de conductas de violencia física y psíquica por parte de un miembro de la pareja merecen un plus de reproche penal pese a que, vistas de forma aislada, no pasarían de constituir delito leve. La magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, Lucía Avilés, indica que la cifra de condenas por violencia habitual es tan baja porque hay dificultad probatoria, pero insiste en que eso no debe llevar sin más a la justicia a abandonar la investigación.

“El principio internacional de derechos humanos de la diligencia debida nos impone la obligación de investigar, dentro de lo humanamente posible, todo aquello que se denuncia”, subraya la magistrada, que también recuerda que en el 2020 el Tribunal Constitucional afirmó que no se puede cargar sobre las víctimas de violencia de género todas las pruebas, que hay que agotar todas las líneas de investigación posibles.

Y esto es trasladable, continúa, tanto a los casos en los que se denuncia expresamente un maltrato habitual como a los supuestos en los que la víctima acude a la justicia por el último hecho sufrido, que suele ser de violencia física, y en su relato cuenta una situación de maltrato habitual que “en muchas ocasiones se ve entrelazado con violencia psicológica, sexual y económica”.

“Es muy habitual encontrar a estas víctimas”, reconoce Avilés, que detalla que el maltrato habitual se castiga de forma más severa, con hasta tres años de prisión, que el tipo básico de maltrato físico, de seis meses a un año o bien trabajos en beneficio de la comunidad.

En el momento de dictar la sentencia hay que valorar todo lo sucedido y se aprecia un amplio relato de la denunciante que engloba distintas formas de violencia, pero luego se califica el escrito de acusación por el último hecho cometido, que suele ser una agresión física, y se omite todo lo demás.