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Ocho audiencias provinciales se desmarcan del fiscal general y aplicarán penas más favorables

Los jueces de Madrid, Zaragoza, Vizcaya, Granada, Córdoba, Málaga, Valladolid y Canarias discrepan de García Ortiz por la ley del ‘sí es sí’

Irene Montero, en el Congreso. | // LA OPINIÓN

En espera de los criterios que pueda establecer en unos días el Tribunal Supremo, por el momento los jueces de Madrid, Zaragoza, Vizcaya, Granada, Córdoba, Valladolid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria se desmarcan de las directrices de la Fiscalía General del Estado a la hora de establecer los efectos de la nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del ‘sólo sí es sí’.

En estos ocho territorios, y la postura será previsiblemente compartida por otros órganos judiciales del resto de España, los magistrados han acordado estudiar los casos en función de los criterios más favorables al reo y no atender a la disposición transitoria del Código Penal de 1995 que limitaría estas revisiones. Los únicos que por el momento parecen optar por este precepto son los jueces de La Rioja.

La postura es diametralmente opuesta a la defendida por el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, en su decreto del pasado lunes, en el que estableció que, al aplicar el denominado ‘derecho transitorio’, es posible evitar la rebaja de los años de cárcel que deben cumplir los condenados en firme por abusos o agresiones sexuales cuando la pena impuesta en la sentencia sea susceptible de ser impuesta con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma. Esta postura ya ha sido adoptada en relación con asuntos que deberá resolver en breve el Tribunal Supremo, como es el caso Arandina.

Frente a ello, el criterio de los jueces. El el caso de la Audiencia Provincial de Madrid, el acuerdo ha sido adoptado por los magistrados de las 15 secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial, y ha contabilizado 32 votos a favor, 8 en contra y 9 abstenciones.

Según ha informado el órgano madrileño, en Madrid hay 447 condenas firmes por violencia sexual con el condenado en prisión que son susceptibles de revisión tras la entrada en vigor de la ley de Irene Montero.

De todas ellas, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han comenzado ya la revisión de 121, mientras que a instancia de parte se tramitan 55. Se ha rebajado la pena en 20 casos, y en 7 procedimientos se ha decretado la puesta en libertad, con la salvedad de que en un caso el preso continúa cumpliendo condena al tener sentencia condenatoria firme por otros delitos.

De forma similar, aunque sin mencionar expresamente que no aplicarán la disposición transitoria del Código del 95 se han manifestado nueve magistrados de las secciones primera y segunda de lo penal de la Audiencia Provincial de Granada; así como la junta sectorial de magistrados de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En el caso de Las Palmas, los jueces se expresan con menor contundencia que en Madrid, pues han acordado que “no se procederá a tramitar de oficio la revisión de las penas impuestas por delitos de naturaleza sexual, salvo que proceda por imperativo legal o existan dudas de que pudiera ser objeto de una posible modificación que favorezca al penado”.

Todo ello quiere decir que se acordará la revisión cuando se detecte que la Sala había impuesto, aplicando la norma previa a la entrada en vigor de la ley del ‘sí es sí’, una pena superior a la pena máxima que prevé la nueva ley para la misma conducta. 

Un segundo acuerdo de los jueces de Canarias apunta que, en los demás supuestos, “habrá que estar al caso concreto para individualizar la pena que proceda”. Esto es, cuando la condena de acuerdo con la legislación anterior era la mínima, y ahora esa mínima es más baja, se valorará caso por caso por si fuera más favorable la nueva ley. 

Más tajantes son los magistrados de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que según el acta de la Junta de Magistrados, “ante la ausencia de norma transitoria en la nueva ley, la Junta considera que no procede la aplicación extensiva de una norma transitoria prevista en otra ley”, en referencia al Código Penal de 1995. En este caso sí consideran que deben revisarse de oficio las sentencias firmes en las que se haya impuesto pena privativa de libertad, hasta el licenciamiento definitivo, y añaden que “en la tramitación de las revisiones de pena, se procurará evitar a la víctima no personada trámites inútiles que le puedan perjudicar”.

En el caso de la Audiencia Provincial de Valladolid, su presidente, Javier Carranza, señaló que ellos revisarán caso por caso aquellas sentencias en las que, con carácter retroactivo, pudiera aplicarse la nueva reforma del Código Penal a los condenados; mientras que en Córdoba se revisarán de oficio las sentencias por delitos contra la libertad sexual que pueden ser modificadas por la aplicación con carácter retroactivo de la pena más favorable para el reo. Las cinco secciones penales de la Audiencia de Málaga también informaron que comienzan a analizar de oficio sentencias para ver si procede o no realizar una revisión tras la ley del ‘solo sí es sí’. Advierten de que se hará estudiando “caso por caso”.

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