El desabastecimiento de medicamentos hormonales para el colectivo trans, cuestión recurrente, tiene los días contados. La ley trans obligará a Sanidad a velar por su “suficiente abastecimiento” después de que el Congreso de los Diputados haya decidido incluir en el texto de la norma una enmienda de Más País.

Esta enmienda, que ya forma parte del informe del proyecto de ley, es una de las principales novedades incorporadas esta semana por los grupos parlamentarios en su trabajo de ponencia.

La ley establecerá que “el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, velará por el suficiente abastecimiento de los medicamentos más comúnmente empleados en los tratamientos hormonales para personas trans y supervisará su suministro, a fin de evitar episodios recurrentes de desabastecimiento”. Más País defiende que esta medida constituye una “ampliación de derechos” en la ley.

Los colectivos trans precisan que dejar de tomar estos medicamentos para las terapias de reemplazo hormonal comporta gravedad y puede tener consecuencias en la salud tanto física (descalcificación ósea o menopausia) como en la emocional (depresión y ansiedad). El pasado año, un episodio de desabastecimiento llevó al Ministerio de Sanidad a intervenir y a hablar con el sector farmacéutico para acabar con la falta de existencias de los medicamentos. La ley trans pretende evitar que esto vuelva a suceder.

El contenido final de la norma se decidirá el 12 de diciembre, cuando los distintos partidos tengan que decidir si apoyan las polémicas enmiendas del PSOE, entre ellas la relativa al recorte de la autodeterminación del género para menores de 14 y 15 años, o mantener la redacción propuesta por el Gobierno. Los grupos no han podido ponerse de acuerdo en los asuntos más conflictivos, pero sí en cuestiones como la del abastecimiento de tratamientos hormonales.

En total, la ponencia aprobó incluir 23 enmiendas, dos de ellas transaccionales pactadas por varios grupos. En una de esas transaccionales también se abordan cuestiones sanitarias, en concreto se exige que la atención a la salud de las personas intersexuales se realice “conforme a los principios de no patologización”.