La nueva ABAU se aplaza un año tras las críticas de comunidades, docentes y la RAE

La cuenta atrás para la nueva prueba de acceso a la universidad se alarga. El Ministerio de Educación ha decidido posponer un año el proceso de implantación, lo que significa que el futuro modelo de selectividad se estrenaría con plena vigencia en 2028 y no en 2027, como estaba previsto en el plan inicial. Tampoco la prueba de madurez que acabará concentrando el grueso de la puntuación pesará tanto en el resultado: se quedaría en seis de cada diez puntos, frente al 75% con el que arrancó la propuesta del departamento dirigido por Pilar Alegría el pasado julio.

La revisión, que se oficializará en una Conferencia Sectorial de Educación el próximo día 13, se produce tras las críticas de autonomías, docentes de Lengua o Filosofía y la RAE y responde, según fuentes del Ministerio, a atender la petición de aplazamiento de un año de la entrada en vigor de las nuevas reglas de juego que solicitaba una mayoría de comunidades —Galicia incluida— “en aras del consenso” y también para que el modelo de enseñanza competencial que promueve la Lomloe tenga tiempo para implantarse, ya que la prueba de madurez está enfocada desde ese punto de vista, más parecida al examen PISA.

Esa prueba de madurez —formada por un dossier en torno a un tema para evaluar la capacidad del alumno para analizar, valorar, extraer información e interrelacionar documentación— es una de las objeciones que comunidades como Galicia plantean al modelo defendido por el Gobierno, aunque Alegría alude a la propuesta como borrador. Ayer mismo la Xunta incidía en suprimir esa prueba en un comunicado en el que explicaba que la Consellería de Educación había abandonado la mesa de trabajo del Ministerio sobre la nueva ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) “ante la negativa del Gobierno central a escuchar las propuestas autonómicas”. No solo Galicia planta los encuentros técnicos para definir la futura prueba: el PP anunció que no participará en más reuniones sobre el tema por descartar un examen único para España.

La Consellería de Educación pasó del dicho al hecho. Tras la anterior Conferencia Sectorial había lanzado un ultimátum: abandonaría la mesa si el Gobierno no atendía “ninguna de las principales aportaciones constructivas” y el Ministerio alegan, desecha “por sistema” la mayoría. Al respecto, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, indicaba que no querían ser “cómplices” ni “asistentes pasivos”.

En particular, la Xunta reclama “una prueba única de consenso” fruto de la “rigurosidad” y del “diálogo” y que garantice la igualdad de oportunidades de todo el alumnado en un Estado con un distrito único universitario. La representante de la Xunta en el encuentro, su directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, resume las reivindicaciones gallegas, según el comunicado, en una prueba de la ABAU con criterios de evaluación “homologables y uniformes”, un aplazamiento en el calendario y que “se elimine la prueba de madurez” que, tal y como la entiende la Xunta, “disminuye el nivel de exigencia y, por consiguiente, genera más desigualdad”.

La prueba de madurez —un macroexamen que compendiará cuando entre plenamente en vigor cuestiones de Lengua Española, Lengua Gallega y Lengua Extranjera, además de Historia de España e Historia de la Filosofía— es uno de los principales frentes de discordia con el Gobierno central, y no solo desde las autonomías gobernadas por el PP. Es el principal punto cuestionado por docentes o la Real Academia Española (RAE) y Galicia reprocha al equipo de Alegría que tampoco escuche estas opiniones.

Así, la RAE reprueba que el futuro examen “reduce considerablemente los contenidos de lengua y literatura que los estudiantes deben dominar”. Y la institución no solo alude al castellano, sino también a los idiomas de cada comunidad. De hecho, también el IEC (Institut d’Estudis Catalans) —el equivalente a la Real Academia Galega en Cataluña— denunció que ese formato “no garantiza la competencia lingüísticas” ni en catalán, ni en castellano o en otras lenguas cooficiales o extranjeras.

Docentes de Lengua y de Filosofía también han puesto peros. Los primeros, especialistas de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura en las ABAU de sus comunidades, promueven desde change.org una petición para que el Ministerio retire su propuesta que, entienden, “esconde una reducción inadmisible de los contenidos que sustentan las competencias, especialmente” en las lenguas, “que se limitan a servir como mero instrumento de expresión”.

La Comisión de Educación de la Red Española de Filosofía, de la que forman parte los decanatos de las facultades de Filosofía, al Instituto de Filosofía del CSIC y a casi medio centenar de asociaciones de filosofía de todo el país, advierte que la materia no tiene el peso “decisivo” que merece y sus contenidos y competencias “corren el riesgo de disolución” en una prueba “indiferenciada de madurez”.

El plan inicial del Ministerio de Educación para la selectividad

Conforme al plan y cronograma inicial presentado el pasado julio por el Ministerio de Educación, este curso sería el último en el que la prueba de selectividad no experimentaría ningún cambio. En 2023-24, 2024-25 y 2025-26, la propuesta incluía un modelo transitorio que consistiría en una prueba dividida en cuatro ejercicios con una ponderación similar: uno sobre la materia de modalidad elegida, dos correspondientes a Historia de España e Historia de la Filosofía y otro general para valorar destrezas del ámbito lingüístico. Este sería el germen de la prueba de madurez, que pasaría en 2026-27 a tener un peso del 75% y se complementaría con un examen de la materia de modalidad (25%). Con los cambios anunciados ayer la prueba de madurez pesaría un 60% y su implantación definitiva llegaría un año después, en 2027-28, en concreto en junio del año 2028.

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