La factura del ‘Prestige’, sin cobrar

20 años después de la catástrofe medioambiental causada por la marea negra del Prestige aún no se ha resuelto el pago de los daños. La última batalla judicial se librará en Londres, donde la aseguradora del petrolero tiene su sede. Los tribunales londinenses dirimirán el pago de la factura que dejó el chapapote a los largo de más de 3.000 kilómetros de costa.

Pese a que el Tribunal Supremo cifró en su fallo de diciembre de 2018 en casi 2.000 millones las compensaciones, solo se podrán recuperar 1.000 millones de dólares (apenas 900 millones de euros), que es el importe de la póliza suscrita por la armadora con la compañía London P&I Club.

Una sentencia dictada el pasado mes de junio por el Tribunal de Justicia de la UE da la razón a España para proceder al cobro de la póliza del seguro: el arbitraje en Londres no puede bloquear la condena a la aseguradora del Prestige dictada por un tribunal de otro estado miembro. Es decir, los magistrados del TJUE dan prioridad a la sentencia del Supremo sobre el pago de los daños frente a las maniobras legales de la aseguradora del petrolero que intentó blindarse con un laudo arbitral en un tribunal de Londres para bloquear la ejecución de la sentencia. Con el arbitraje, la compañía londinense pretende que España se atenga a las normas de derecho mercantil británico y a las condiciones de las cláusulas de la póliza. Es decir, que cualquier reclamación debería estar sujeta a ese arbitraje y que la aseguradora solo estaría obligada a pagar si antes lo hace el armador, algo que no se ha producido ya que esquivó el proceso judicial.

Pese al espaldarazo del Tribunal de la UE a la reclamación de España, el cierre de la causa se plantea todavía difícil debido al Brexit, la complejidad del sistema legal británico y la resistencia que London P&I Club se propone seguir ejerciendo en los tribunales.

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