El arquitecto Valentín Souto pasó dos décadas denunciando en los tribunales las irregularidades urbanísticas de la antigua sede de Fenosa en la calle Fernando Macías, derivadas de una licencia ilegal concedida por el Gobierno local en 1997. El pleito acabó con un acuerdo con el Ayuntamiento, aún con Marea en el poder, ratificado en los tribunales en febrero de 2019. Pero cuatro años después, los tratos a los que llegó la administración local con el denunciante y con los vecinos siguen sin cumplirse al completo: el inmueble no tiene protección especial, y no se ha construido el edificio de viviendas públicas prometido. “Me da la sensación de que el Gobierno local entrante”, indica Souto, refiriéndose al actual, “consideró que los acuerdos precedentes no iban con ellos, cuando las personas pasan pero la institución está comprometida”.
De acuerdo con los tribunales, el Ayuntamiento tendría que haber corrido con los gastos de demoler y reconstruir parcialmente el edificio, actualmente ocupado casi completamente por viviendas, para retrotraerlo a lo establecido a la normativa, además de pagar el realojo de vecinos e indemnizaciones. Según el auto que cerró el proceso, el coste se aproximaría a los 60 millones, ocasionando un gran descuadre a las arcas municipales. Por ello, Souto aceptó un trato que dejase sin ejecutar la sentencia. “No voy a decir que se nos haya hecho un chantaje emocional, pero se nos puso delante un panorama demoledor”, recuerda.
