El Gobierno no cambiará la ley del sólo sí es sí ni como gesto político ni para que en el futuro los nuevos delincuentes sexuales no se enfrenten a menos penas. La decisión hace semanas que está tomada. Ni hay consenso entre los dos partidos del Ejecutivo de coalición ni se ha encontrado una salida técnica. Se ha explorado en varias reuniones entre los Ministerios de Igualdad y de Justicia, según confirman fuentes gubernamentales, pero lo único que se ha puesto sobre la mesa es volver a la diferenciación anterior entre abuso y agresión. Y a este cambio Podemos se niega. “Eso significaría no haber entendido nada de lo que ha pasado en los últimos años en este país”, aseguran.

La unificación en un único delito del abuso y la agresión fue una de las grandes novedades de la ley para que se consideraran agresiones sexuales todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona. Es un mandato derivado del Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, que proclama que el sexo sin consentimiento debería considerarse violación. Pero sobre todo es fruto del clamor social tras la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que vio sólo un abuso en la violación grupal de la manada a una chica de 18 años. Ese fallo, ratificado después por el Tribunal Superior de Justicia, fue corregido tres años más tarde por el Tribunal Supremo para proclamar que fue una agresión sexual y no “una juerga pactada con ella”, que la víctima no consintió.

La ley del sólo sí es sí acabó con la distinción entre abuso y agresión, se introdujeron nuevas circunstancias para agravar los castigos, pero también se redujeron las penas mínimas de algunos delitos. Esto último es lo que ha provocado la rebaja de penas a casi dos centenares de delincuentes sexuales, en cumplimiento del principio del Estado de Derecho que prevé que se aplique la legislación más favorable al reo en cada momento. Una circunstancia de la que el Gobierno, desde distintas instancias, fue advertido.

En las reuniones mantenidas entre Igualdad y Justicia, aseguran fuentes del Ejecutivo, la “única salida” que se ha planteado es volver al sistema anterior. Pero esta opción significaría echar por tierra unas de las novedades más sustanciales de la ley y para Podemos resulta inasumible.