Amnistía Internacional pide reabrir las causas por las muertes en los geriátricos

Han pasado tres años desde que la pandemia del coronavirus destapó las carencias de las residencias geriátricas en España, pero nada parece haber cambiado. Murieron 35.000 personas, y, según Amnistía Internacional, se perpetraron cinco violaciones de derechos humanos: el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familias y a la muerte digna.

“El abandono sufrido por las personas y sus familias y la impunidad siguen presentes de forma generalizada en las instituciones del Estado”, repasa la oenegé en un duro comunicado. Denuncia que, tres años después, todavía no existen mecanismos para conocer la verdad de lo ocurrido y advierte de que los elevados índices de mortalidad que se produjeron podrían repetirse.

“Las instituciones del Estado no han hecho los deberes para modificar esta situación ni restituir a las víctimas los derechos que les han sido arrebatados”, se queja Esteban Beltrán, director de Amnistía en España. “Las autoridades han incumplido la obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos de las personas que vivían en las residencias”, dice el comunicado.

Amnistía arremete contra la Fiscalía General del Estado, a la que tacha de “opaca”. Denuncia que “no hay datos” de las diligencias que se abrieron ni cómo actuaron en cada caso. Solo hay datos escasos, expone, de algunas fiscalías, como en Madrid, donde el 86% de los casos se archivaron. Amnistía pide que se reabran todas las causas para que se vuelvan a examinar y valorar si se investigó suficiente, contando con los testimonios de los familiares.

También señalan al Defensor del Pueblo. “A pesar de la extrema gravedad de lo que pasó en las residencias, no ha tenido un papel activo investigando el tema”, se queja la organización, que le pidió un estudio monográfico sobre la cuestión. A su vez, arremeten contra el Consejo General del Poder Judicial por falta de información y transparencia. No ha hecho seguimiento ni documentado los casos, dicen, algo que también contradice las normas internacionales.