La revisión de la normativa europea sobre delitos medioambientales, lanzada hace año y medio por la Comisión Europea con el objetivo de endurecer las sanciones contra los infractores, sigue superando obstáculos. La comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo aprobó ayer por unanimidad —22 votos a favor— la inclusión de nuevos delitos en la lista y el endurecimiento de la política de sanciones a nivel europeo, y se prepara para negociar la norma con el Consejo.
Los eurodiputados quieren que los delitos que provoquen la muerte o daños para la salud y daños medioambientales sustanciales sean castigados con al menos diez años de cárcel y que las empresas puedan ser sancionadas con multas de hasta el 10% de la facturación media mundial.
“Hemos negociado con éxito una posición de tolerancia cero frente a delitos que tienen enormes consecuencias para la salud humana y el medio ambiente”, celebró el ponente del informe y encargado a partir de ahora de negociar la normativa con los gobiernos de la UE, el conservador holandés del PPE, Tonius Manders. “Desde el principio, siempre hemos defendido el principio de “quien contamina paga”.
“Los que contaminan deben asumir todos los costes de sus daños y restaurar el medio ambiente en consecuencia”, añadió, avisando de que con esta reforma no será posible esconderse detrás de plazos de prescripción.
El informe aprobado por el Parlamento Europeo actualiza la lista de delitos sancionables para incluir el comercio ilegal de madera, el agotamiento ilegal de los recursos hídricos, la contaminación causada por los buques, las infracciones de la legislación comunitaria sobre productos químicos, el cultivo de organismos modificados genéticamente, las conductas causantes de incendios forestales y las infracciones que contribuyan a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Los eurodiputados quieren que los delitos que provoquen la muerte o daños para la salud y daños medioambientales sustanciales sean castigados con al menos diez años de cárcel. Las penas en otros casos oscilarán entre los cuatro y seis años en función de su alcance, gravedad y duración.
Los eurodiputados también abogan por endurecer aún más las multas por delitos medioambientales cometidos por empresas, para que puedan ser castigadas con al menos el 10% de la facturación media mundial de la compañía en los tres ejercicios económicos anteriores frente al 5% propuesto por el Ejecutivo comunitario.
Según los socialistas europeos, las pruebas demuestran que los consejeros delegados de las grandes empresas suelen sobrevivir a las demandas medioambientales cuando sus empresas son denunciadas por delitos contra el medio ambiente. “Con esta directiva podemos acabar con esta injusticia, ya que la responsabilidad recae directamente en el CEO”.
