Los campus alegan en bloque contra el cambio en la ABAU por apresurado y falto de garantías

En un documento pactado dudan de la viabilidad de implantar ya en 2024 un modelo por competencias no ensayado y cargan contra una duración que eleva la tensión del alumnado

Uno de los exámenes de Matemáticas de la prueba piloto de la nueva ‘selectividad’.  | // JORGE PETEIRO

Uno de los exámenes de Matemáticas de la prueba piloto de la nueva ‘selectividad’. | // JORGE PETEIRO / C. Villar

C. Villar

Es apresurada, hay dudas sobre si llega el tiempo para implementar los cambios con suficientes garantías, se basa en un modelo por competencias no ensayado en 2º de Bachillerato y supone más tensión para el alumnado al obligar a alargar los días de las pruebas en un momento crucial para su futuro. Son algunos de los peros, de una larga cola, con los que las universidades públicas españolas, todas a una, con unanimidad, contestan al proyecto de reforma de la selectividad del Gobierno central, que entraría en vigor, de modo progresivo, en el curso 2023-24. Los campus abogan por un aplazamiento, dado que dudan que sea viable implantar los cambios el próximo curso.

En dos meses, los estudiantes gallegos que quieran ir a la universidad se las tendrán que ver con la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade). Será como la de años precedentes y la última de su formato. En junio del año que viene la reemplazará una prueba basada en un modelo más competencial, acorde con el enfoque que promulga la Lomloe, y con un aumento del tiempo por ejercicio. Así lo recoge el proyecto de Real Decreto que aborda la reforma, una normativa contra la que cargan de forma unánime los campus. Con solo 12 días de plazo para alegaciones, todas las universidades públicas de los 17 distritos concertaron el mismo documento de 17 páginas donde glosan sus objeciones al plan del departamento que dirige Pilar Alegría. El objetivo, explican en un comunicado, es mejorar “sustancialmente el texto sometido a participación pública”, ya que su actual redacción, cuestiones de estructura, organización y procedimientos “comprometen la viabilidad de las pruebas y los procesos de admisión”, según Iván Area, delegado en la CIUG.

Un cambio de la envergadura que propone el Gobierno exige tiempo y la voluntad de las universidades es aplazar la implantación del esquema competencial. En el documento de aportaciones enfatizan la “percepción clara” de que la reforma propuesta “carece del debido sosiego en la toma de decisiones y de la tranquilidad suficiente para regular algo de tanta trascendencia social”. ¿Por qué? Los alumnos que este año estudian 1º de Bachillerato son los primeros formados con arreglo a las nuevas reglas de la Lomloe, que priman la aplicación del saber sobre la teoría, y el año que viene estrenarán el nuevo formato de examen. La cuestión es si están listos, ellos y sus docentes. En los institutos —y no solo allí— no es esa la sensación. Aunque hubo un piloto, solo se probó en medio centenar de centros —ninguno gallego— de los miles repartidos por todo el Estado.

En las alegaciones, los campus recogen que sería “desleal” no mencionar “las crecientes señales de inquietud” que les trasladan profesorado de instituto u orientadores, “profundamente preocupados por la viabilidad de implantar el modelo de evaluación por competencias el próximo año”. “Son demasiadas las incógnitas y demasiado poco el tiempo para incorporarlas a un Bachillerato con currículo nuevo, nuevos materiales y un modelo de evaluación nunca ensayado en 2º”, además de desconocido para quienes “han de dar instrucciones desde las universidades sobre las directrices concretas de cada materia”, sostienen. Todo ello, subrayan, pone “en serias dudas” la posibilidad de implantar la reforma en plazo con las “suficientes garantías para un proceso en el que el alumnado se juega buena parte de su futuro”. Los campus insisten en que las pruebas y los procesos de admisión tienen un “enorme impacto” e “irreversibles consecuencias” en el futuro del alumnado y desgranan una batería de veinte aportaciones que esperan que se tengan en cuenta.

Los tiempos del examen son uno de los aspectos que con más detenimiento cuestionan los campus. En vez de 105 minutos por prueba y 45 de pausa, sugieren mantener los 90 actuales y la media hora de descanso. En la práctica, avisan, elevar la duración supone ampliar los días de exámenes hasta seis, “prolongando innecesariamente” la “tensión” del alumnado “en detrimento de su rendimiento”. Peor lo tendrían aún, añaden, los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, que ya tienen ahora derecho a más tiempo. Con el cambio, se enfrentarían a jornadas de tres o cuatro pruebas diarias de 145 minutos, lo que sería “inasumible” para buena parte de ese alumnado, con un “desgaste no asumible” para este colectivo.

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