Galicia, una de las tres autonomías que baja sus fondos de dependencia al subir el Gobierno su aportación

Galicia está entre las tres comunidades que disminuyeron durante la vigencia del Plan de choque estatal para la dependencia (2020-2023) en más de seis millones su gasto en la atención a personas dependientes. Después de Castilla y León —que lo mermó en 34,7 millones—, Galicia lo bajó en 6,4 y Aragón en 3,2, según un documento sobre la financiación de la dependencia que acaba de hacer público la Asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales. “Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Galicia, ya que es la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional”, critican en el citado informe.

Contraponen el aumento de aportación para la dependencia a nivel estatal, en un 138% frente al 9% de Galicia y censura que “hicieron caja con el incremento de los presupuestos del Estado para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes”. La aportación para dependencia del Gobierno en 2023 alcanza el 29% —3.292 millones— frente al 71% de las comunidad —8.230 millones—, aseguran, lo que sumaría hasta 11.522 millones de euros en inversión pública para atención a la dependencia.

Y, de nuevo, señalan a la gallega como la comunidad que menos aporta en dependencia, con 59%, al lado de La Rioja (59%), Andalucía (62%) y Castilla y León (63%). Del lado contrario se sitúan País Vasco (84%), Navarra (81%) y Extremadura (78%).

La Consellería de Política Social asegura que Galicia destina cada año más fondos para la atención a la dependencia: “En el presente ejercicio de 2024 el presupuesto de la Xunta para este ámbito es de 655 millones, un 24% más que el año anterior”. De esta cuantía, insisten en que la mayor parte es asumida por la administración autonómica, debido a que el Gobierno central “continúa incumpliendo con la cofinanciación a la que obliga la Ley de Dependencia”, critican. “La deuda acumulada del Gobierno central con Galicia solo en materia de dependencia asciende a 2.500 millones desde la aprobación de la Ley. Por este motivo, no compartimos el empleo de la expresión ‘hacer caja’, puesto que la aportación de fondos autonómicos sigue siendo superior a la que realiza el Gobierno central”, defiende la Xunta.

La tesis de la asociación de directores y gerentes en servicios sociales es distinta. Según su informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal entre el periodo comprendido de 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompió en 2021, “cuando el incremento en la financiación aportada por el Estado mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación”. Así, el peso de las comunidades en la financiación cayó un 13% entre 2021 y 2023, mientras la Administración General “refuerza la financiación del sistema”. Y estos recortes en la aportación en algunas comunidades “han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque”, según asegura el documento.

Sigue existiendo una acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación, sostienen. De nuevo, Galicia sale mal parada en cuanto a inversión en dependencia por persona potencialmente dependiente y año: poco más de mil euros (1.073 euros al año), según el citado informe. Está de última después de Murcia —que gasta 1.504 euros en dependiente y año—; Canarias —con un gasto de 1.248 euros—. La Asociación constata una “acusada desigualdad territorial”, donde las comunidades que más invierten en dependencia por persona son País Vasco, con 2.848 euros, Extremadura, con 2.599 euros y Navarra, con 2.413 euros.

Esta última categorización del informe de dependiente potencial” no es certera” —aseguran desde la Xunta— “porque no podemos compartir que todas las personas mayores de 60 o 65 años entren en esta denominación, ya que cada vez hay más gente que sobrepasa este umbral de edad con una mayor autonomía”. Además, añade Política Social que “al tomar como criterio a los potenciales dependientes se perjudica a las comunidades más envejecidas, como es el caso de Galicia”. Aseguran que no hay ningún criterio del Gobierno central que recoja la peculiaridad de “potencialmente dependiente” a la hora de fijar la financiación, sino que se aporta para las personas que tienen su dependencia reconocida y que están recibiendo un servicio o prestación pública.

Suscríbete para seguir leyendo