Los rectores pactan una ABAU más homogénea en la estructura y en la penalización ortográfica

Mientras en Cantabria hay sindicatos que reclaman a la Administración educativa que concrete con urgencia los criterios que regirán las pruebas de acceso a la universidad de 2025, en Galicia la CiUG fue pionera al colgar modelos de exámenes de todas las materias, con la única excepción de Coro y técnica vocal, para que los profesores y el alumnado sepan qué se van a encontrar cuando se celebre la prueba —esta vez sin la opcionalidad que reinó en la pospandemia— en la primera semana de junio, previsiblemente, si el calendario habitual gallego se cumple y de seguir las recomendaciones recién pactadas por Crue Universidades Españolas.

No es el único aspecto de la ABAU, ya rebautizada como PAU (prueba de acceso a la universidad) en el que los campus aspiran a ponerse de acuerdo. De hecho, la reciente reunión de su grupo de trabajo sobre Acceso y Admisión, que cuenta con representación de la CiUG, la encargada de gestionar la prueba en Galicia, ha sido fructífera. De ahí ha salido una propuesta que la CRUE considera la apertura de la senda tendente hacia una homogeneización, aunque el examen no depende solo de los campus, sino también de los Gobiernos.

En el documento final “consensuado” se han incorporado cambios en relación a borradores previos en lo que respecta a la penalización por incumplir los criterios de coherencia, cohesión, corrección gramatical, léxica y ortográfica y presentación o en lo tocante a la transición hacia un modelo de menor opcionalidad.

La propuesta final de “acuerdos mínimos” para el examen que se celebrará a finales de este curso, fija diferentes repercusiones de las faltas, en función de la asignatura de la que se trate y de su relación con la lengua. En las Lenguas, tanto gallego como castellano, las faltas podrían costarle al alumno dos puntos, que se quedarían en 1,5 en los idiomas extranjeros. En el resto de materias, el recorte tope sería de un punto, aunque en ese tipo de asignaturas ese criterio ortográfico solo se referiría a “aquellos ejercicios/tareas que requieran composición de un texto prolijo”.

En lo relativo a las preguntas, las de tipo test, la propuesta señala que no superen el 30% de las planteadas y que al menos entre el 20 y el 25% de las cuestiones responda a un diseño competencial: es decir, en un examen de cuatro preguntas, indican, habrá como mínimo una competencial de respuesta obligatoria. Con todo, sugieren poder incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas en alguno de los apartados y en ese sentido abogan por “que se minimice el impacto derivado de la transición” de los modelos pospandemia, con una gran opcionalidad, al actual, con una “adaptación gradual”.

La CRUE avanza que estas orientaciones buscan afrontar con “más garantías” el curso que arranca, pero que de cara a 2026 la pretensión es seguir trabajando de forma conjunta “para poder llegar al máximo consenso posible y a una armonización de las materias en todo el territorio español” para “mostrar la equidad” de las pruebas en “lo común”, pero “al mismo tiempo”, “respetar y representar lo propio de cada comunidad”.

La “prioridad”, defienden los rectores, la deben tener quienes organizan las pruebas. Sostienen que su propuesta se ha realizado “en un estricto marco universitario” y “desde la más absoluta independencia”, “al margen”, apuntan, de otra alternativa que iba a aplicarse solo a algunos territorios y que, a juicio de sus técnicos, resultaba “poco viable y conveniente” para el estudiantado.

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