El Sergas reducirá el concierto con la privada para practicar abortos

La Consellería de Sanidade se replantea el concierto con la sanidad privada para practicar abortos después de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) haya incrementado «notablemente» las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en sus hospitales. Las tornas han cambiado en los últimos años y ahora nueve de cada diez intervenciones de este tipo ya se hacen en la pública. Ante esta situación, la Xunta, que tiene pendiente licitar el nuevo contrato para la prestación de este servicio, evalúa «su dimensionamiento y las necesidades reales». Si la mayoría de abortos se hacen ya en el Sergas, no será necesario derivar tantos a clínicas privadas.

Fue el pasado año cuando Sanidade licitó por primera vez un contrato para la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad privada. Ahora se contrata esta actividad de forma directa, según las necesidades, sin mediar concurrencia ni publicidad, mediante la fórmula de «autorizaciones de uso». Pero este mecanismo no se ajusta a la Ley de Contratos, tal y como recriminó el Consello de Contas, y por esa razón la Xunta decidió sacar a licitación la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo.

Su previsión era derivar unos 800 abortos al año a clínicas externas, un tercio de los que se practicaban en el sistema público. Pero el concurso quedó desierto, al resultar poco atractivas para las clínicas las condiciones económicas ofrecidas por la Xunta: 570 euros por intervención quirúrgica.

Un año después Sanidade todavía no ha licitado de nuevo contrato. ¿Por qué? La situación ha mudado bastante.

Si en el año 2022 el Sergas practicaba el 68% de los abortos y derivaba solo un tercio a la privada, ahora los hospitales públicos absorben el 90%, de manera que solo una de cada diez interrupciones del embarazo son derivadas a clínicas.

En el primer semestre de este año de las 1.700 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo el 90 por ciento lo hicieron en la pública y solo hubo 170 derivaciones. Si extrapolamos este dato a todo el año serían 340 casos operados en la privada, lejos de las cifras previstas en el contrato licitado el pasado año que preveía externalizar 800 abortos.

«En la mayor parte de los casos se están resolviendo estas intervenciones en los propios centros públicos del Servicio Galego de Saúde (Sergas). Solo en el caso de que, por criterios puntuales de organización o necesidades de los servicios de ginecología o por solicitarlo expresamente la mujer existe la posibilidad de realización en clínicas con autorización, siendo asumida la factura por el Sergas», explican desde Sanidade.

Objeción de conciencia

La clave que ha permitido aumentar los abortos en la pública está en que el Sergas ha logrado conformar equipos para practicar estas intervenciones en todos los hospitales. No era fácil hasta hace unos años pues los profesionales tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia y bastaba con que un ginecólogo, un anestesista o una enfermera se abstuviera para impedir que se realizasen interrupciones del embarazo en ese hospital.

«Hemos trabajado para garantizar que la mayoría de los abortos puedan hacerse en el ámbito público siguiendo los criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad», explica Sanidade.

Además en 2023 se reformó la ley estatal de interrupción del embarazo y obligó a que todos los centros sanitarios públicos prestasen este servicio, además de contemplar la creación de un registro de objetores, que en Galicia todavía no se ha implantado.

En este contexto, el nuevo contrato con clínicas privadas debe adaptarse a la reducción en las derivaciones. Y para evitar que vuelva a quedar desierta la licitación deberá incrementar la oferta económica.

Según el contrato que sacó a concurso en 2023, Sanidade preveía un gasto de 1,3 millones de euros en tres años, ahora podrá incrementar la cuantía de lo que paga por aborto a las clínicas privadas sin elevar el gasto pues precisará derivar muchas menos interrupciones voluntarias del embarazo.

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