Casi la mitad de las más de 5.746 gallegas en el sistema Viogén residen en A Coruña

Galicia suma 5.746 casos activos en el Sistema Viogén, de protección de víctimas de violencia de género, según la última estadística cerrada del Ministerio del Interior, con datos del 31 de octubre. El 45% de ese total, 2.631, se localizan en la provincia A Coruña; 1.754, en la de Pontevedra; 802, en Lugo; y 559, en Ourense. De entre todos ellos, 60 tienen un nivel de riesgo alto, 937 medio, 2.685 bajo y 2.064 ‘no apreciado’. No hay en la comunidad gallega, en estos momentos, ningún caso de nivel de riesgo ‘extremo’, de los 31 registrados en el conjunto del Estado. Además, del total de casos activos, 42 involucran a víctimas menores de 18 años.

El Sistema Viogén lleva activo 17 años en España, desde 2007, y ha realizado seguimiento, en ese periodo, a más de 817.000 casos de violencia de género en toda España, de los que un total de 45.329 son gallegos. En los últimos tiempos, el asesinato de mujeres que estaban incluidas en este sistema (la última víctima en Galicia, lo estaba) ha abierto el debate sobre la necesidad de perfeccionarlo.

La última reforma hacía referencia a una de las cuestiones sobre la mesa, la inactivación de casos sin riesgo. También se incide en la necesidad de perfeccionar la valoración de riesgo para hacerla más precisa y, con ello, más segura. En todo caso, los encargados de aplicarlo defienden el sistema: «Que tenga algún fallo puntual no quiere decir que el sistema no sirva, es importante decirle a las víctimas que no tengan miedo a denunciar», asegura, en una entrevista con Europa Press, Sonia Rey Salgueiro, magistrada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña. Su experiencia en la materia indica que, a pesar de que se haya detectado algún fallo, el Sistema Viogén «ha ayudado y ha protegido a muchísimas mujeres» desde su puesta en marcha, e implica multitud de variables y agentes en coordinación. Un engranaje que no puede activarse «si no hay denuncia». «La denuncia es el elemento sin el que no podemos actuar», apunta la magistrada, quien también apela a los testimonios de vecinos, testigos e, incluso, de los agentes policiales para proteger a la víctima en caso de que ésta decida retirar la denuncia o no declarar, dado que se necesita tener indicios de que ha ocurrido el delito para poner medidas.

A pesar de que la piedra angular de este sistema es la valoración de riesgo que se hace según el formulario, Rey Salgueiro recuerda que hay otros aspectos que influyen en el nivel de protección de la víctima. Las medidas judiciales van acorde al nivel de riesgo, pero no están exclusivamente limitadas por él. «Es lo habitual en un riesgo alto, pero eso no quiere decir que algún riesgo medio o bajo no haya indicios que determinen que se necesita una medida de localización o pulsera», explica la magistrada, que es la que entonces tiene la potestad para activarla. La entrada en el sistema, como recuerda, arranca con una denuncia de un caso. Esta denuncia, sin embargo, no tiene por qué estar interpuesta por la víctima. Familiares, vecinos, testigos o los propios agentes pueden denunciar episodios violentos y proporcionar los indicios de que el delito ha ocurrido, aunque sea «en el ámbito privado».

Suscríbete para seguir leyendo