DKV baraja demandar al Gobierno por los 70 millones perdidos en Muface
Adeslas apunta que el Ministerio de Función Pública ha ofrecido una compensación por los números rojos de los últimos tres años | En su caso, superan los 256 millones
Las tres grandes prestadoras de los servicios sanitarios de Muface (Adeslas, DKV y Asisa) a 1,5 millones de funcionarios y familiares en España (más de 63.000 en Galicia) denuncian pérdidas de casi 600 millones. Y DKV, que cifra sus números rojos en 70 millones y ha renunciado seguir con la prestación, ya baraja reclamar al Gobierno vía judicial una compensación. Por su parte, desde SegurCaixa Adeslas, que tampoco opta al nuevo convenio, se cuenta que el Gobierno español estaría dispuesto a paliar parte de las pérdidas de los tres últimos años, así lo contaba ayer el diario El País.
Adeslas, tras el anterior concierto que caducó el pasado diciembre, pero ahora está prorrogado hasta el uno de abril, perdió 256 millones de euros, mientras que las pérdidas de DKV ascienden a 70 millones de euros.
El 27 de enero termina el plazo para que Asisa, la única aseguradora que sigue estudiando las condiciones del nuevo concurso, comunique su decisión.
Los funcionarios pueden solicitar a lo largo de este mes cambiarse a la sanidad pública y, si finalmente se aprueba la continuidad de Muface, regresar a la privada con las condiciones que finalmente se adopten.
El sistema de financiación de Muface es un modelo público-privado, ya que por un lado son los funcionarios quienes pagan al mes una cuota de entre 25 y 55 euros por estar adscritos y, por otro, el Estado aporta para mantenerlo en funcionamiento. La última propuesta del Gobierno es elevar al 33,5% lo que cobran las aseguradoras, que supondrían 4.500 millones de euros en tres años. Las aseguradoras pedían un aumento del 40% y alegaban que se habían disparado los costes por la elevada inflación de 2022.
Si el 27 de enero, no se alcanza un acuerdo, lo más probable es que el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública lance una tercera licitación. El paso de los funcionarios a la sanidad pública es una opción que no convence a los sindicatos. Opinan que incorporar al Sistema Público de Salud a millón y medio de personas dispararía las listas de espera.
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