El juez imputa a dos empleados vinculados a UGT por la filtración en las oposiciones de RTVE
Un cargo del sindicato y el autor del documento filtrado, investigados por revelación de secretos
Ana Cabanillas
La causa judicial abierta por la filtración del último examen de oposición en RTVE estrecha aún más el cerco sobre UGT, la organización que fue señalada desde el primer momento a nivel interno por presuntamente favorecer a sus afines con la obtención de una plaza pública. El juzgado nº 48 de Madrid señala como investigados a dos trabajadores de la corporación estrechamente vinculados al sindicato mayoritario —uno de ellos con cargo y otro miembro del tribunal del examen—. Se les imputa un delito de revelación de secretos después de que RTVE tuviera que suspender in extremis la prueba y convocar una nueva fecha, con el coste económico asociado y los perjuicios para los más de 5.000 aspirantes, que se habían desplazado desde todas partes del mundo. Hasta ahora, RTVE ha declinado desgranar el sobrecoste para las arcas públicas de los efectos derivados de la filtración y tampoco se han atendido las reclamaciones de gastos por parte de los opositores afectados.
El primer investigado dentro de la causa judicial es el secretario de Organización de UGT-RTVE en Madrid, César Moreno, la persona que habría difundido a ciertos opositores el contenido de las preguntas, lo que motivó la denuncia inicial y la suspensión del examen. El pasado 18 de octubre este trabajador fue detenido por la Policía en su domicilio en Madrid y trasladado a dependencias judiciales como presunto autor de la filtración, pero fue puesto en libertad tras negarse a declarar.
Hasta ahora, no se conocía la identidad del detenido por parte de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) junto a agentes de la brigada judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El pasado 24 de octubre el juez emitió un auto de incoación de diligencias previas con Moreno como único investigado, al ser la persona que figuraba en la denuncia inicial.
El segundo de los investigados es el miembro del tribunal designado por UGT Julián Pérez Olmos, que resultó ser el autor del documento con el contenido del examen que más tarde se filtró, y que fue desvelado por este medio. Después de publicarse estas informaciones, fue el Ministerio Fiscal quien reclamó la inclusión de Pérez Olmos como investigado, una petición que fue atendida por el juez Juan Ramón Reig Puron en un auto de ampliación de diligencias previas fechado el pasado 10 de diciembre y al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo que LA OPINIÓN.
Los dos imputados están acusados de delito de revelación de secreto por particulares, regulado en el artículo 199 del Código Penal y con pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.
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