Asociaciones critican que la reforma de la dependencia nace sin financiación real

El Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley General de Discapacidad y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia suma derechos y amplía el catálogo de servicios al tiempo que borra los recortes del Gobierno de Rajoy. Parece un avance pero, según asociaciones y patronal, si no viene acompañado de un incremento de la financiación, todo «queda en papel mojado».

Es «pura cosmética del Sistema [de Atención a la Dependencia], que solo servirá para generar falsas expectativas a las personas en situación de dependencia y a sus familiares», asegura la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que recuerda que 270.325 personas se encuentran en las listas de espera de una Ley que se sigue incumpliendo desde hace 18 años. O que cada 15 minutos fallece alguien en estas listas (34.252 personas en total 2024). También mencionan que se tarda 334 días en dar la prestación o servicio; más de dos años en algunas comunidades. O que la cuantía de las prestaciones económicas y de los servicios son «a todas luces, insuficientes y en algunos casos ridículas», con una media de 264 euros para la prestación de cuidadoras no profesionales.

En los últimos años, varias voces se han alzado para pedir más financiación. La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado incrementar la inversión en cuidados, hasta llegar a un 1,5% del PIB, más o menos el promedio de la OCDE. En España no llega al 0,9%. En Change.org se han recogido ya 37.500 firmas para pedir este aumento.

En mayo de 2023, el presupuesto para las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla (a excepción de País Vasco y Navarra por sus regímenes especiales fiscales) se incrementó en más de 783 millones de euros para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Supuso una cifra récord, pero insuficiente para este plan. Al preguntarles por esto, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales explicaban hace dos semanas a este medio que esperaban que la dotación continúe aumentando, aunque sin matizar cuánto.

En un comunicado, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) también critica el anuncio de esta reforma sin presupuesto. Su presidente, Ignacio Fernández-CID, asegura que, mientras se les «exige mejorar las condiciones laborales, aumentar los ratios de personal y mejorar la calidad del servicio», algo que apoyan, «tienen las tarifas congeladas desde hacen años». «Nos hablan de obligaciones presupuestarias y de leyes de desindexación, pero lo cierto es que llevamos demasiado tiempo sin una actualización realista de la financiación. Así es imposible garantizar un servicio de calidad», recalca.

La reforma también prevé expandir la ayuda a domicilio hacia el entorno comunitario e incorporar apoyos en la vivienda para que, quienes estén en situación de dependencia, puedan desarrollar su proyecto de vida en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades.

Esto forma parte de la estrategia de desinstitucionalización para favorecer la permanencia de los dependientes en su hogar, como quieren muchas personas. «Pero la realidad es que, actualmente, un dependiente de grado 3 recibe de media solo 57 horas de ayuda domiciliaria al mes, claramente insuficientes», explica Fernández-Cid.