Una familia del área de Santiago denuncia a la Xunta por el acoso escolar que sufrió un menor

Una familia residente en las proximidades de Santiago ha denunciado a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por los daños morales y psicológicos que sufrió su hijo durante el periodo en que, asegura, sufrió acoso escolar en el centro de enseñanza en el que estudiaba.

Según explica el abogado de la familia, Cristóbal Dobarro, los hechos tuvieron lugar en un instituto público situado en un municipio de la zona de Santiago y se prolongaron durante varios años, aunque se agravaron el curso pasado. El protocolo de acoso escolar que activó el centro no funcionó, como demuestra el hecho, subraya el letrado, de que el menor «no fue evaluado en ningún momento por un psicólogo» ni «asistido por la persona designada por el centro como responsable de apoyo y atención a la víctima». La familia reclama una indemnización de 40.000 euros por las secuelas sufridas por el adolescente, que, según señala el abogado, ha sido diagnosticado de trastorno de estrés postraumático por el acoso escolar vivido.

En su día, el protocolo de acoso tramitado por el instituto concluyó que no se detectaban «indicios» de acoso escolar y que, por tanto, no se proponía «el inicio de un procedimiento corrector a la dirección», aunque sí reconocía, subraya Dobarro, que el adolescente había sufrido burlas y agresiones físicas por parte de algunos compañeros.

En un informe realizado sobre el caso por una psicóloga forense se indica que existen «indicios de maltrato por negligencia educativa», ya que los responsables escolares no han asegurado el bienestar del menor.

Ante la decisión del centro de dar carpetazo al asunto, los padres del menor acudieron a la Inspección educativa, así como a la propia Consellería, «sin encontrar respuesta» para amparar a su hijo. Finalmente, decidieron interponer un recurso contencioso-administrativo ante el TSXG.

«El objetivo principal de los padres no es obtener una compensación, sino llamar la atención sobre lo que ocurre en los centros», señala Dobarro, que insta a la Administración a actuar decididamente para «atajar» esta problemática.

A su juicio, este caso demuestra que existe «un problema serio» con el acoso escolar. «La protección no ha sido suficiente y el menor se ha visto obligado a convivir con los acosadores, que han reincidido una y otra vez en seguir maltratándolo», lamenta el abogado, que acusa a la dirección del centro, a la Inspección y a la Consellería de actuar con «poca sensibilidad». «Lo fundamental en un caso así es proteger a la persona vulnerable y ahí el protocolo ha fallado totalmente», subraya.

«Al final la solución pasa porque la persona acosada tenga que cambiar de centro, como ha ocurrido», concluye el letrado.

Cuestionada por este diario, desde la Consellería precisan que el caso se remonta a dos cursos atrás y aseveran que fue abordado con «la máxima celeridad y rigurosidad» y «siguiendo los protocolos establecidos».

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