La falta de fondos asfixia la ayuda a domicilio en Galicia: 2.000 receptores menos en dos años

La falta de financiación está asfixiando la ayuda a domicilio de la que dependen más de 24.600 dependientes. Los concellos, que son los que gestionan este servicio, advierten que están pagando 20 euros por cada hora de atención en el hogar, pero Xunta y Ministerio de Derechos Sociales solo aportan 12 euros. Esto ha repercutido en una reducción del número de beneficiarios: hay 2.000 gallegos menos con asistencia en sus casas respecto al año 2022. Y esto se produce en un contexto de aumento de prácticamente todas las prestaciones, pues crece la cifra de dependientes atendidos.

Al cierre de 2024 había 3.500 gallegos más disfrutando de algún servicio o ayuda económica respecto al año anterior. Ya suman más de 77.000. Solo se reducen ligeramente los dependientes que consiguen hueco en una residencia (268 menos) debido a la escasez de plazas y bajan también quienes pueden disfrutar de unas horas de ayuda al domicilio: son 840 menos, que se suman al recorte registrado un año antes de 1.200 beneficiarios.

Los mayores prefieren permanecer en sus casas antes que irse a una residencia, de ahí que llame la atención que disminuyan quienes reciben ayuda a domicilio. La razón está en los problemas que tienen los concellos para prestar el servicio. Los consistorios recurren a la contratación externa pero las empresas les cobran cada vez más. El sector tiene problemas para encontrar mano de obra y además se han visto obligados a incrementar las nóminas de sus empleadas por sentencia judicial.

Ante esta situación, hay contratos que quedan desiertos porque los ayuntamientos les ofrecen poco dinero. Esto ha forzado a los concellos a incrementar sus ofertas hasta el punto de que han llegado a duplicar el coste de prestación de este servicio.

A esto se suma que las exigencias se están incrementando. La población gallega está cada vez más envejecida. Además en 2023 el Gobierno aprobó un Real Decreto que obliga a aumentar las horas de ayuda a domicilio a los dependientes. Por último, en la reforma de la Ley de Dependencia aprobada por el Consejo de Ministros esta semana se amplía el servicio para incluir, además de la asistencia en el hogar, el acompañamiento para realizar gestiones fuera del domicilio, como hacer la compra o acudir al médico. Aunque en Galicia muchos concellos ya estaban prestando este servicio, ahora pasa a ser una obligación legal, lo que puede suponerles una carga económica extra.

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) criticó, de hecho, que esta reforma de la Ley de Dependencia no venga acompañada de mayor financiación, queja que comparte la Consellería de Política Social.

El Gobierno aporta 65,2 millones de euros a la de ayuda a domicilio y la Xunta 42,3 millones anuales. Pero los concellos avisan que es «insuficiente» y calculan que este año necesitarán 50 millones más para garantizar el servicio.

El año pasado, la Consellería de Política Social acordó ya con los concellos incrementar de los 9,7 euros hasta los 12 euros la hora la financiación de la ayuda a domicilio, pero los consistorios recuerdan que el servicio a ellos les cuesta de media 20 euros con picos de hasta 25 euros.

La Xunta se comprometió a volver a sentarse a negociar para acordar una nueva mejora en la financiación de la atención en el hogar, pero exige al Gobierno que cumpla con su obligación de aportar el 50% del gasto total en dependencia, tal y como marca la ley.

La paga económica a dependientes en espera se abonará «en semanas»

La prestación económica para los dependientes que están en lista de espera se hace de rogar. En un principio se iban a abonar en otoño de 2024 pero después la Xunta decidió regularla a través de la Lei de Acompañamiento a los presupuestos de 2025 para que entrarán en vigor en enero. Aunque los dependientes que aguardan por un servicio aún no la han cobrado, el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, señaló ayer en el Parlamento que será «próximamente». «En cuestión de semanas», según precisan desde la Consellería de Política Social.