Denuncian falta de personal en centros gallegos de reeducación de menores
Trabajadores dicen sentirse inseguros y cifran en cerca de 20 las agresiones que sufren cada año
La Xunta asegura que las ratios son correctas y que la normativa se cumple «a rajatabla»
Un joven en el centro de menores de Monteledo, en Ourense. | Brais Lorenzo
Patricia Casteleiro
El asesinato de María Belén Cortés a manos de tres menores en un piso tutelado de Badajoz puso en evidencia la realidad laboral de sus educadores sociales: ya habían denunciado sentirse desprotegidos y trabajar en situación precaria.
Las demandas de estos profesionales guardan parecido con las de sus homólogos gallegos de los centros para el cumplimiento de medidas judiciales, lo que antes se conocía como reformatorios. Un representante de los empleados afirma que se sienten inseguros por falta de personal: la sensación es de agotamiento y cierto miedo a lo que pueda pasar.
En Galicia hay cuatro centros de este tipo. Dos están en Ourense, Monteledo y Montefiz -que acoge a menores con patologías mentales o adicciones-, otro está en Pontevedra, el Avelino Montero, y un último en A Coruña, el Concepción Arenal. Están especializados en trastornos de conducta. No son lo mismo que los pisos tutelados, en los que en Galicia solo residen niños en situación de vulnerabilidad y sin historial delictivo.
Próximo a Monteledo y Montefiz está Montealegre, que de forma oficial es un centro en de protección (como los pisos tutelados). Sin embargo, acuden niños que, por ejemplo, están a la espera de medidas judiciales por las que después ingresarían en otro centro. Una trabajadora de este edificio, Enma, explica que viven habitualmente casos de agresiones a educadores y a personal de control, cerca de 20 al año. «Ya se le pidió a la Xunta más personal, son muchos para un solo educador. Te ves sola, rodeada de hasta ocho niños con delitos sexuales o violentos y te sientes insegura», indica.
«Nuestro centro es el cajón de sastre. Tenemos usuarios con medidas judiciales pendientes de entrar en Monteledo o que han cometido agresiones», afirma la empleada.
Para ellos, lo ideal sería que hubiese al menos diez personas responsables por turno. En este momento son seis. «Yo misma salí llorando alguna vez por carga de trabajo. El devenir de trabajadores es constante y muchas veces no encontramos personal ni para cubrir las bajas», indican. Desde la Xunta, el director xeral de Familia, Jacobo Rey, indica que «las ratios de personal que establece la normativa autonómica se cumplen a rajatabla». «Pueden producirse incidencias igual que en un instituto o en una vivienda particular», añade.
Desde Monteledo, otro representante, Germán, comenta que en su caso tuvieron un motín hace un año y medio. Un grupo de jóvenes se atrincheraron y tuvo que intervenir la Policía Nacional. «Danse situacións nas que non se cumpren ratios, como cando hai saídas educativas con varios rapaces e tes que ir só ou cando os levas en coche», apunta. «A sensación é de abandono. O mesmo cos salarios. A xente non se xoga o tipo pola miseria que cobramos», dice el trabajador.
Por su parte, Rey apunta que ya hubo un refuerzo del personal. «Y hay seguridad las 24 horas, nadie se queda solo», señala en relación a lo ocurrido en Badajoz, donde la educadora social sí que lo estaba.
En este momento, el centro está funcionando parcialmente porque se están realizando reformas. Las instalaciones se dividen en hogares y dos de ellos están desocupados para su mejora.
Lesiones y violencia doméstica, los más habituales
Los menores que habitan Monteledo, Montefiz, Concepción Arenal y Avelino Montero tienen en común un historial delictivo. Jacobo Rey explica que siempre se trata de buscar la medida judicial más adecuada. No por cometer un delito acaban en un régimen de internamiento, también hay posibilidad de que hagan trabajos a la comunidad o que vayan a instituciones de forma diurna, pasando las noches en sus casas. Con todo, según las estadísticas que maneja Política Social, los delitos más habituales son los de lesiones, violencia doméstica -como una agresión a un padre-, de amenazas, de violencia contra la integridad moral y de hurto. «En la mayoría de los casos no implican el internamiento porque el sistema penal tiene un enfoque de reeducación. Se trabaja para que no reincidan», afirma el director xeral de Familia.
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