Casi 2.800 dependientes gallegos mejoran sus ayudas al revisar sus casos

Un grado leve de dependencia, como una artritis que le impida a una persona de 70 años levantar peso o incluso planchar, puede agravarse con el paso del tiempo y convertir en grave su estado. Ese tipo de situaciones fuerzan a muchas familias a reclamar ante la Administración una revisión del grado de dependencia obtenido para mejorar así la prestación recibida. El año pasado, un total de 2.767 ciudadanos gallegos subieron de grado de dependencia gracias a un nuevo examen de sus expedientes.

El dato, sin embargo, supone un desplome del 70% respecto al año anterior o a 2022, una circunstancia que desde la Consellería de Política Social vinculan con el efecto pandemia, en alusión al impacto que supuso el COVID-19, que generó una alarma mundial a comienzos de 2020 y que agravó miles de casos de dependientes gallegos. «La bajada [de casos] está relacionada con la pandemia de COVID, debido a que como consecuencia del confinamiento y del tiempo que se tardó en poder volver a una vida normal, las personas mayores sufrieron un mayor deterioro físico y cognitivo, que incrementó los procesos de revisión de la dependencia», explican fuentes del departamento dirigido por Fabiola García.

El sistema de dependencia de basa en un examen del nivel de afectación de una persona para adecuar una prestación a sus necesidades. No es lo mismo, lógicamente, un dependiente de grado III —el más grave— que está encamado, que una persona de grado I que solo necesita algo de ayuda en las tareas domésticas.

Pero el paso de los años puede provocar el empeoramiento de ese nivel, algo evidente en los casos de dolencias mentales degenerativas, como las demencias. En ese caso, los técnicos de Política Social realizan nuevas evaluaciones del grado, bien a petición de las familias, bien de oficio.

El efecto pandemia elevó en 2023 las solicitudes de revisión hasta las 20.000, que derivaron en 9.393 autorizaciones para elevar el grado de dependencia o de la ayuda recibida, mientras que el resto fueron inadmitidas por defectos de forma o desestimadas por los técnicos.

El año pasado, sin embargo, las revisiones apenas alcanzaron las 5.454, poniendo punto final, según Política Social, al “efecto pandemia”. De esa cifra, la mitad recibió luz verde para subir de grado, mejorando así el servicio asignado (desde unas horas de ayuda a domicilio a una plaza en un centro de día, por ejemplo). Sin embargo, otras 2.279 mantuvieron el nivel de grado inicialmente concedido y 408 incluso descendieron en el nivel de gravedad detectado.

En la actualidad, los tres grados mantienen una proporción casi igual entre los ciudadanos con derecho a una prestación de acuerdo con el plan individualizado de atención (PIA): 25.942 se encuentran en grado III (33%), 26.823 en grado II (34,1) y 25.846 en grado I (32,8), de acuerdo con las cifras de finales de febrero del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Las estadísticas de dependencia revelan también una consecuencia del envejecimiento en Galicia, que es la comunidad con el menor porcentaje de rechazos de solicitudes para acceder a alguna prestación. A 28 de febrero pasado, el último dato oficial, Galicia registró 85.268 solicitudes para lograr el reconocimiento de un grado de dependencia y una prestación asociada. Los beneficiarios fueron 78.611: el 92,2% recibió luz verde. Los rechazos fueron del 7,3% frente a una media estatal del 19,7%.