Casi cuatro multas a la semana en Galicia por saltarse la ley antitabaco

El tabaco está situado en el punto de mira de las autoridades sanitarias gallegas. El Sergas alega, siguiendo las advertencias de la OMS (Organización Mundial de la Salud), que «es la primera causa de muerte evitable» y que provoca una docena de tipos de cáncer, más allá del de pulmón. Sus posibles riesgos no arredran a una cuarta parte de la población adulta gallega que fuma y, además, a diario. Ya entre los adolescentes, son ocho de cada cien —en torno a diez mil chicos y chicas— quienes tienen el hábito tan arraigado que se ha convertido en parte de su vida cotidiana.

Aunque la normativa ha ido estrechando el círculo en dónde está autorizado fumar, no todos cumplen. De hecho, en Galicia, permitir fumar en lugares donde está prohibido —por ejemplo, un restaurante, un hotel, un centro comercial o un parque infantil, entre muchos otros— es el principal motivo de las quejas de ciudadanos que llegan hasta la Administración. Esta infracción está tipificada como grave en la normativa antitabaco, con una horquilla de sanciones asociadas que oscila de los 601 a los 10.000 euros, en función del «riesgo generado para la salud», «el beneficio que haya reportado al infractor la conducta sancionada» o que se trate o no de un comportamiento reiterado.

Con todo, las conductas sancionables se han moderado en Galicia en el último año con respecto a 2023, según datos facilitados por la Consellería de Sanidade, y eso a pesar de haberse mantenido una presión inspectora similar, en particular de las fuerzas de seguridad, un aliado cuya colaboración agradecen «encarecidamente» desde la Dirección Xeral de Saúde Pública, que trabaja para «reducir los riesgos para la salud que provoca el tabaco, incluyendo los efectos nocivos» derivados de ser fumador pasivo.

Tanto en 2023 como en 2024, y en cumplimiento de la legislación, se realizaron 570 inspecciones en Galicia, en su inmensa mayoría remitidas por agentes, pero también a partir de inspecciones realizadas de oficio y derivadas de reclamaciones de particulares, encabezadas en 2023 por «permitir fumar en lugares donde está prohibido», seguidas de «incumplimientos de la normativa de venta de tabaco» y «fumar en lugares prohibidos» —que, como hecho aislado, supone 30 euros—.

Aunque la labor fiscalizadora fue la misma, en 2023 las inspecciones acabaron en sanción en un 47% de los casos, mientras que un año después lo hicieron solo el 35%. Aun así, ese indicador se traduciría en total en 200 expedientes sancionadores, casi cuatro de media por semana, y de ellos, un 19% de carácter grave. Sanidade matiza que en un 9% de expedientes no procedió imponer una multa.

Suscríbete para seguir leyendo