Racionar las pantallas: del ‘sentidiño’ gallego a la reforma rotunda de Madrid

La digitalización llegó para quedarse, advertían los gurús educativos en plena pandemia. Acertaron en su previsión, aunque a algunas comunidades no les guste el cómo quedó y, superado el frenesí de la crisis sanitaria, que puso los sistemas educativos a prueba al reemplazar la presencialidad por la tele-enseñanza, comienzan a dar pasos hacia modelos más restrictivos en el uso de la tecnología. El movimiento se produce en un contexto en el que tanto el Gobierno central —con el proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales— como expertos en adicciones, pediatras, docentes, educadores y muchas familias coinciden en que hay demasiadas pantallas y piden un cambio.

Galicia, que abanderó la regulación de los móviles en los centros educativos y que presume de que la medida ha reducido los problemas de convivencia en las aulas, ha sido de las primeras en pronunciarse tras la rebelión de ANPA y profesorado de algunos centros que impartían clase con el libro digital. No obstante, el camino hacia el que se dirige está poco definido: solo se sabe que Educación, en virtud de un acuerdo unánime de la Cámara gallega, emprenderá una revisión del libro digital con «sentidiño» —expresión que apela, según la Real Academia Galega, al «buen juicio» o a la «capacidad de juzgar y actuar cabalmente»— y a la «lógica evolución social y pedagógica». En todo caso, añade Román Rodríguez, conselleiro del ramo, esa evolución pasaría por «reforzar» un modelo «híbrido» que combine la enseñanza tradicional con los nuevos desafíos digitales.

El adjetivo, «híbrido», al margen del color político, lo usan también las autoridades de comunidades como Aragón (PP) o Asturias (PSOE) para defender unos sistemas en los que no prevén cambios para no dar la espalda a la tecnología, caso de Aragón, o en los que simplemente avanzan que enfatizarán el valor «complementario» de los recursos digitales de cara al próximo curso, como han indicado estos días desde Asturias.

Otras autonomías, capitaneadas por Madrid y Murcia, del PP, llevan más lejos esa revisión del rol de la tecnología. Si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunciaba el pasado 19 de marzo que el próximo año desandará el camino para vetar las pantallas hasta los 3 años y limitarlas a un tope de 2 horas por semana en Infantil y Primaria, dejando la dosificación en manos del centro para la ESO y exiliando deberes que impliquen ordenadores, el Ejecutivo murciano ha trasladado esta semana una «redefinición» del proceso de digitalización de su sistema educativo, recortando la exposición a pantallas a un máximo de una hora diaria en Primaria y a dos en la ESO, siempre bajo la supervisión del docente.

Baleares (PP) es otra autonomía que está atando en corto la digitalización. Este mismo año, su Gobierno ha ahondado en las restricciones al uso de dispositivos móviles en las aulas, que se aplicaría a Infantil y a los tres primeros cursos de Primaria, con la excepción de programas en plataformas digitales con un tope de una hora por semana. En 4º de Primaria autoriza una hora de uso como máximo al día y abre la posibilidad de que sean más al final de la etapa.

El Gobierno valenciano (PP) analiza igualmente la conveniencia de «dar un paso más» en lo que respecta a los centros que usan libro digital y en los que el dispositivo se va para casa. Cataluña (PSC) solo permite el uso en la ESO y bajo autorización, y estudia ahondar en la restricción, y Canarias (CC y PP) también lo analizan, si bien indican que «serán los profesores los que determinen en qué medida» se usen esos recursos, informa Efe. Precisamente a los docentes —a su criterio o a su supervisión— o a los centros confían el resto de las comunidades la relación del alumnado con los dispositivos electrónicos y por ahora no prevén reformular sus normativas al respecto.

Si alguna comunidad no lo tiene previsto, la normativa visada esta semana por el Consejo de Ministros, que ahora inicia una larga tramitación en las Cortes, en la que puede sufrir cambios, prevé que los centros educativos cuenten con una regulación expresa sobre el uso de dispositivos móviles y digitales en el aula.