Más de 110 gallegos pierden la Risga por no ir a cursos o rechazar empleos

En 2019, un año antes de la irrupción de la pandemia de COVID que causó un terremoto sanitario, social y económico, la Xunta decidió cambiar el modelo de renta de inclusión social (Risga) para tratar de limitar la cronificación de la pobreza. En un decreto publicado el 1 de marzo de aquel año, estableció la obligación de que los beneficiarios de este cheque social participasen en un itinerario formativo para mejorar su empleabilidad, un condicionante que el Ejecutivo gallego endureció el pasado noviembre, obligando a quienes reciben prestaciones por desempleo o este tipo de subvención a aceptar ofertas de trabajo.

Durante el año pasado, cada tres días la Consellería de Política Social retiró una Risga por incumplir esa obligación de acudir a cursos formativos o rechazar algún empleo, hasta alcanzar un total de 113 retiradas, según los datos facilitados por el departamento dirigido por Fabiola García. El porcentaje supera por poco el 1% de los aproximadamente 9.000 beneficiarios que durante el año pasado recibieron en algún momento este cheque.

La Risga está concebida como una «prestación pública destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia a aquellas personas que carezcan de ello», según la definición de la propia Administración autonómica, que reclama desde hace tiempo al Gobierno la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) para mejorar la integración de dos salvavidas económicos muy similares.

Para percibir la Risga, los ingresos de un ciudadano no pueden superar la cantidad que le correspondería en función de sus cargas familiares y además es obligatorio seguir tramos de integración laboral, realizando cursos y pudiendo compatibilizar el cobro de un salario con la Risga hasta un tope de ingresos de 1.215 euros entre ambas. Una familia de un solo miembro logrará casi 470 euros mensuales, cifra que sube a 557 en el caso de dos miembros, 631 en el de 3 y 694 en el de cuatro. El máximo de una Risga es de 840 euros a partir de siete personas en el núcleo familiar siempre que incluya menores de edad.

Esas cifras aumentan en el tramo de inserción laboral con hasta 210 euros al mes.

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