Todas las asociaciones de jueces y fiscales exigen respeto a Montero

En un comunicado conjunto acusan a la vicepresidenta primera del Gobierno de «socavar la confianza en nuestro sistema judicial» al tachar la sentencia sobre Alves de «vergüenza»

Joana Sanz y Dani Alves, en un vehículo, a su llegada, ayer, a su domicilio de Barcelona. |  Europa Press

Joana Sanz y Dani Alves, en un vehículo, a su llegada, ayer, a su domicilio de Barcelona. | Europa Press

E.P./P. Esteban/J.G. Albalat

Barcelona

Todas las asociaciones judiciales y fiscales firmaron un comunicado conjunto para exigir respeto a la independencia judicial después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, calificara de «vergüenza» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña que absolvía al exjugador del FC Barcelona Dani Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado en primera instancia.

En el comunicado, las asociaciones recuerdan que la independencia del poder judicial «es un pilar fundamental del Estado de Derecho» y las resoluciones judiciales se adoptan «tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente». «Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial», añade.

Además, el texto resalta la importancia de la presunción de inocencia como «derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España» dado que «garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho». Al hilo, remarca que cuestionar este principio «puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios».

Asimismo, indica que es importante de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales, por lo que sus testimonios deben ser valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. «Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto», matiza. Por todo ello, las asociaciones judiciales y fiscales hacen un llamamiento a la responsabilidad institucional en instan a todos los representantes públicos «a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales».

«Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho», aseguran, para reiterar acto seguido su compromiso «con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial para todas las partes involucradas».

El comunicado fue firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

El PP reclama su dimisión

El Partido Popular exige una «rectificación» de la titular de Hacienda tras sus «ataques» a la presunción de inocencia, «un principio constitucional intocable» dijo Borja Sémper, portavoz del PP, que reclama la dimisión de la número dos del Gobierno.

«Los ataques a los jueces no son nuevos, pero no estamos dispuestos a permanecer en silencio y que un escándalo tape al siguiente», se quejó el portavoz. «Montero habló de justicia patriarcal y mientras tanto el Gobierno pacta con fugitivos», reprochó el dirigente conservador, reiterando que el Ejecutivo central parece «comprometido» con «el ataque a jueces y a los principios constitucionales».

El exjugador y su pareja reaparecen juntos tras anunciar que están esperando su primer hijo

Tres días después de la absolución de Dani Alves, su pareja, Joana Sanz, reapareció ayer en público junto a él y anunció que está embarazada de su primer hijo. La modelo compartió en redes sociales un mensaje en el que se sinceró sobre los problemas que ha tenido para cumplir su sueño de ser madre, revelando que en los últimos cinco años —ahora tiene 32— ha pasado por dos fecundaciones in vitro, tres abortos, una operación de trompas y un diagnóstico de endometriosis, y ha llegado a pensar que nunca lograría quedarse embarazada. «Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación de orfandad y vacío me ha acompañado hasta el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez. Era mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo» contó a sus seguidores, asegurando que fue su madre —que falleció poco antes de que Alves fuese detenido— «quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta». Minutos después de este anuncio, la pareja llegó a su casa en Barcelona en coche, reapareciendo juntos por primera vez tras la absolución del jugador. Muy serios, especialmente Joana, eludieron contestar a la prensa.

Alves podría cobrar hasta 20.250 euros de indemnización

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las personas absueltas que han estado en prisión provisional pueden reclamar una compensación económica por los perjuicios sufridos durante su estancia en la cárcel. Esta compensación por prisión preventiva indebida se debe solicitar al Ministerio de Justicia durante el año siguiente a la resolución firme de absolución o sobreseimiento. Por tanto, de momento, Dani Alves aún no puede cursar la reclamación por los 405 días que permaneció acusado del delito de agresión sexual del cual fue exculpado el viernes pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Aunque se estudian caso por caso, las compensaciones suelen oscilar entre 25 y 50 euros por día, por lo que en este caso una eventual indemnización podría oscilar entre 10.125 y 20.250 euros. La acusación particular, que representa a la denunciante, y la Fiscalía estudian recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, por lo que todavía no es firme. En caso de que este tribunal mantuviese la exculpación de Alves, el exjugador podría pedir la indemnización los perjuicios que sufrió al estar 405 días en prisión provisional. En su reclamación al Ministerio de Justicia, Alves debe detallar la cantidad que reclama y el daño que ha sufrido por su estancia en la cárcel. La administración tiene seis meses para responder y en caso de rechazar la propuesta u ofrecer una cantidad menor siempre se puede recurrir a un tribunal contencioso-administrativo.

El antecedente de Rosell

Es lo que le ocurrió al expresidente del Barça, Sandro Rosell, quien fue detenido en 2017 acusado de blanqueo de dinero por la Audiencia Nacional. Rosell permaneció 645 días en prisión preventiva y salió cuando se celebró su juicio en 2019. Ese mismo año fue absuelto. Cuando la sentencia fue firme reclamó al Estado 29 millones de euros por los daños morales a su reputación e importantes pérdidas económicas por no atender sus negocios estando en la cárcel. En este caso, la contrapropuesta de Justicia fueron 18.000 euros, unos 25 euros por cada día que permaneció encarcelado. Rosell recurrió y el pleito lleva cuatro años parado en la Audiencia Nacional.

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