La Archidiócesis de Santiago insta a denunciar los abusos prescritos
Promueve una comisión ‘laica’ que ofrece asistencia psiquiátrica, psicológica o jurídica | Se habilitarán partidas económicas para hacer frente a indemnizaciones

Otero y Losada, en la presentación del servicio diocesano. | X. Á.
Arturo Reboyras
«La Iglesia no quiere esconderse, quiere dar la cara y quiere reparar; la Iglesia no quiere cerrar los ojos ante una realidad que ha destrozado la vida de muchas personas; la Iglesia quiere que las víctimas se sientan acogidas y apoyadas». Con estas palabras presentó ayer Milagros Otero, catedrática de Derecho y ex Valedora de Pobo, el renovado Servicio diocesano de prevención y atención de abusos de menores, personas vulnerables y sus familias, del que será portavoz. La comisión echó a andar en el año 2022 pero se acaba de reconfigurar por decisión del arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto. El grupo de trabajo está conformado por cinco laicos y el sacerdote que lo coordina, Luis García Bernadal.
«Los abusos han sido, en algunos casos, físicos. Pero también ha habido abusos de otro tipo, como abusos psicológicos, abusos de conciencia, abusos que en general no tenían nunca que haberse producido y que, además, se produjeron casi con agravante, puesto que los realizaron personas que tenían la obligación de cuidar especialmente de las personas con problemas, de las personas que confiaban en ellas. La Iglesia no quiere ni puede volver a cerrar los ojos sobre esto, no va a hacerlo», remarcó Milagros Otero, antes de detallar la misión de este servicio.
«Sobre todo, la comisión va a escuchar y atender a las víctimas. Va a darles su apoyo, va a darles su cariño, va a prestarles toda la ayuda que pueda a todos los niveles: a nivel psicológico, nivel psiquiátrico, a nivel médico, a nivel jurídico. Va a asesorarles y va a atenderles», explicó la ex Valedora do Pobo, que insistió en que «no se trata de juzgar a nadie, de buscar informaciones, ni de atender a las víctimas como si no estuvieran diciendo la verdad. Todo lo contrario. La Iglesia en este momento quiere abrirse, quiere estar al lado de las personas que sufren como siempre debió haber estado».
La comisión incide en que está «abierta» a escuchar todos los casos que se le quieran trasladar incluso aunque hayan podido prescribir en la vía penal o civil. «Hay casos concretos que es posible que hayan prescrito a nivel penal o civil. Incluso en estos casos, la Iglesia tiene la predisposición y la voluntad de reparar integralmente el daño producido», remarcó Alfredo Losada, abogado y miembro de la comisión diocesana.
Milagros Otero explicó que el servicio está formado por laicos. «No somos personas que tengamos ningún tipo de prejuicio ni de perjuicio. Estamos simplemente para ayudar. Estamos para escuchar. Es cierto que somos católicos y por tanto nos duele la Iglesia. Y nos duelen los errores que se hayan podido cometer en el pasado. Pero la Iglesia es mucho más que eso; y los sacerdotes son muchísimos más que aquellos que en un momento concreto pudieron ejercer o ejercitar algún daño contra personas», remarcó.
Sobre el servicio que prestará la comisión, detalló que «será absolutamente individual» y se llevará a cabo en base a las necesidades. «Habrá absoluta confidencialidad y se podrá hacer incluso en el lugar donde la persona lo solicite» . Para activar el protocolo, es necesario que las víctimas contacten con la comisión a través del correo electrónico atencionamenores@archicompostela.org o bien en el teléfono 629 885 206. En el servicio diocesano, apuntó Milagros Otero, trabajan desinteresadamente profesionales de diferentes ámbitos: hay psiquiatras, psicólogos, abogados, trabajadores sociales y también un sacerdote.
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