Igualdad planea reformar el Código Penal para evitar casos como el libro sobre Bretón que revictimiza a las víctimas

El Ministerio de Igualdad baraja llevar a cabo una reforma del Código Penal destinada a evitar que se repitan casos tan polémicos como el protagonizado por José Bretón, con su iniciativa de participar en ‘El Odio’, el libro escrito por Luisgé Martín sobre el asesinato vicario de sus dos hijos. Ha sido tal la controversia desatada, que la editorial Anagrama decidió finalmente, a finales de marzo, frenar su distribución de forma indefinida.

Bretón mató y quemó a sus dos hijos, Ruth y José, en 2011, con el fin de infligir el máximo daño a su pareja y madre de los niños, Ruth Ortiz, que había decidido separarse de él. El crimen conmocionó a España y sacó a la luz la crueldad que conlleva la violencia vicaria: que consiste en hacer daño a los hijos o a seres queridos de las víctimas, para provocarles un daño extremo, dejándolas a ellas con vida.

Bretón decidió colaborar desde la cárcel con Luisgé Martín, dando su versión del crimen, en un libro del que Ortiz no fue informada

Y para añadir más dolor, Bretón decidió colaborar desde la cárcel con Luisgé Martín, dando su versión del crimen, en un libro sobre el que Ortiz no fue consultada y que ha reabierto sus heridas. De hecho, Ortiz ha denunciado al asesino de sus hijos por posible quebrantamiento de condena y ha pedido la paralización de la publicación por intromisión ilegítima del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores fallecidos.

Ante ello y pese a que hubo un par de resoluciones judiciales de distinto signo, la editorial decidió paralizar de manera indefinida su distribución.

La reforma

En cualquier caso, para que no vuelvan a repetirse episodios similares, el Ministerio de Igualdad, según han explicado fuentes del departamento capitaneado por Ana Redondo, planea llevar a cabo una reforma del Código Penal, de los artículos 39 y 48, con el fin de incluir una pena accesoria que impida a un condenado por violencia vicaria la difusión pública de contenidos sobre el crimen que puedan revictimizar aún más a la víctima.

Se trataría de una pena accesoria que impondría el juez, como otras que ya existen en la actualidad como la prohibición de acercase a la víctima, con el objetivo de que no vuelva a suceder que haya que ponderar si prevalecen los derechos de creación o los derechos de las víctimas de crímenes tan crueles.

Justicia aún no tiene claro si aprobar esta reforma de manera aislada o formando parte de un paquete más amplio que dé cumplimiento al Pacto de Estado

Justicia aún no tiene claro si aprobar esta reforma de manera aislada o formando parte de un paquete más amplio que dé cumplimiento a las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. El histórico acuerdo se ha renovado recientemente con la aprobación de un informe en el Congreso que contiene 462 recomendaciones y que fue adelantado por El Periódico.

En el Pacto, los partidos han acordado incorporar, por primera vez, medidas en contra de la violencia vicaria, la digital y la económica, que ahora hay que trasformar en iniciativas y reformas legales.

El Pacto

De hecho, uno de los capítulos más extensos del informe es el referente a mejorar la protección de los menores con, al menos, 39 medidas, entre las que destaca una propuesta para reformar la ley contra la violencia de género para “incluir como víctimas a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión del régimen de visitas”.

A este respecto, el pacto reclama evitar que se acuerde o mantenga la convivencia o las visitas con el agresor y obliga a realizar una evaluación paterno-filial previa a la resolución judicial sobre las visitas, cuando la solicite la mujer víctima de violencia de género y haya contradicción entre las partes.

Asimismo, reclama garantizar una dotación suficiente en los equipos de intervención familiar, que los puntos de encuentro no apliquen el síndrome de alienación parental o que los profesionales sanitarios dispongan de un protocolo para poder reconocer y actuar cuando detecten violencia sobre menores, entre otras medidas destinadas a mejorar la formación o la reparación.