Las agresiones a sanitarios acarrearán sanciones de entre 300 y 15.000 euros

Las agresiones a los profesionales sanitarios conllevarán una sanción económica de entre 300 y 15.000 euros, dependiendo de la tipología y la gravedad del maltrato. Así se recoge en el anteproyecto de ley que modificará la Lei de Saúde de Galicia y que la Consellería de Sanidade somete desde ayer hasta el próximo 23 de mayo a información pública. Posteriormente, el Ejecutivo gallego solicitará los informes preceptivos, antes de la aprobación del texto en el Consello da Xunta y de su remisión al Parlamento gallego, donde se someterá a la votación de la Cámara, que debe dar su beneplácito.

A lo largo del pasado año, hasta 856 profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) reportaron haber sufrido algún tipo de violencia en el ejercicio de sus labores asistenciales. Concretamente, 516 de estos casos se referían a agresiones verbales o gestuales, mientras que en 340 medió la violencia física.

Con estas cifras sobre la mesa y conocedores de que la reforma del Código Penal, que dio a los funcionarios públicos el rango de autoridad —elevando las penas cuando estos son sujetos de un delito de atentado—, no logró frenar el incremento de las agresiones en el ámbito de la sanidad, la Xunta decidió a tomar cartas en el asunto con el objetivo de revertir la tendencia alcista y proteger al «principal activo» del sistema público de salud, sus profesionales. Sobre todo a raíz del apuñalamiento de un enfermero en las urgencias del Chuac (A Coruña) en febrero.

En primer lugar, determinó que actuará de oficio y comunicará a la Fiscalía los casos de agresión física o verbal aunque las víctimas no cursasen denuncia. Más tarde se dispuso a aumentar y reforzar los sistemas de videovigilancia existentes en los centros médicos de la comunidad, así como los botones del pánico para los profesionales. Y ahora busca introducir en la normativa autonómica que regula el sistema de salud «una definición amplia de la violencia en el ámbito sanitario, reconociendo también los hechos que tengan lugar fuera de la jornada laboral cuando estén relacionados con el ejercicio profesional», además de un régimen sancionador para los infractores.

Así, el texto amplía las medidas de prevención y protección frente a actos de violencia a todo el personal sanitario de la comunidad, independientemente de la titularidad del centro en el que desempeñe sus funciones. Personal que desarrolla su actividad en el sector, pero no en un ámbito estrictamente asistencial —como el personal de transporte sanitario o de emergencias—, estará también sujeto a estas medidas.

En lo que tiene que ver con la tipología de las agresiones, la ley actualmente aborda conjuntamente conductas que deben tener distinto tratamiento, como son la coacción o la amenaza, que tienen el mismo tratamiento que la agresión física. De este modo, en el nuevo anteproyecto se recogen diferentes conductas que son tipificadas como infracciones leves, graves o muy graves. Un catálogo que marca el nuevo régimen sancionador.

La Xunta tipifica como infracción leve la falta de respeto o el insulto a los profesionales sanitarios y la comisión de actos o conductas que alteren el normal funcionamiento de los centros, siempre y cuando en ambos casos la severidad del acto no constituya una infracción grave o muy grave. Además, es leve también la destrucción, menoscabo o deterioro de las instalaciones y equipamiento de los centros, cuando este no afecte al proceso asistencial. Dependiendo de la graduación del hecho, se establece un marco sancionador que va de los 300 a los 1.500 euros.

Entre las infracciones graves se incluyen la resistencia, amenazas, coacciones, represalias y cualquier otra forma de presión ejercida contra los profesionales; la destrucción, menoscabo o deterioro de las instalaciones cuando afecten al proceso asistencial o la reincidencia en un periodo de doce meses en la comisión de infracciones leves. En este caso, las sanciones irán desde los 1.501 a 3.000 euros.

Finalmente, las infracciones muy graves serán aquellas que conlleven la agresión física a alguno de los profesionales o la reincidencia en la comisión de faltas graves, en cuyo caso las sanciones irán desde los 3.001 a los 15.000 euros.

La Administración pondrá a disposición del personal que sea víctima de un acto violento ayuda psicológica y se compromete a la realización de un Plan Gallego de Prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, así como de campañas de sensibilización social de carácter bianual sobre esta problemática. Dentro de este plan se contemplarán medidas de formación para el personal sanitario, como elemento preventivo que facilite el manejo de recursos para enfrentar aquellas situaciones de violencia.

Finalmente, la Xunta creará un registro de actos de violencia, que recogerá todas las agresiones notificadas por el personal del Sistema Público de Salud de Galicia, así como la identificación de la víctima y de la persona autora del incidente.