La madre del niño Gabriel Cruz denuncia que la asesina la amenaza desde la prisión

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 en Almería por Ana Julia Quezada, denunció haber recibido amenazas directas desde la prisión de Brieva (Ávila) por parte de la autora del crimen, que cumple condena en ese penal, y lamentó la que considera «total falta de protección institucional». En una rueda de prensa celebrada en Almería, Ramírez reclamó medidas urgentes para evitar una «revictimización constante» de familias afectadas por este tipo de casos. Reveló que, desde hace más de un año, recibe información procedente tanto del interior como del exterior de la cárcel de Brieva (Ávila), donde cumple condena Quezada, sobre posibles irregularidades, como la tenencia de teléfonos móviles, grabaciones de contenido sexual, o incluso la preparación de un documental con la participación de la asesina confesa.

«La información que a mí me llega es que Ana Julia tiene móviles. Que hay personas que graban dentro, que hay vídeos sexuales, que hay grabaciones para un documental, que hay personas que mueven dinero por ello», afirmó la madre del pequeño Gabriel, quien explicó que, entre esos datos recibidos, se encuentra una amenaza directa: «A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas. Eso me lo han hecho llegar personas que estaban dentro y fuera de la cárcel. He hecho llegar esta información, pero nadie me responde. Nadie investiga».

Ramírez resaltó, en esta línea, que otras personas relacionadas con Quezada también estarían interesadas en «vengarse» de ella, y sostuvo que recibe llamadas de desconocidos desde hace tiempo, algo que ya ha denunciado ante la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. Estas amenazas no se producen en un vacío, sino en un entorno de falta de control institucional: «Me consta que se alquilan teléfonos dentro de la cárcel, que hay intercambio de móviles, que se usan para llamadas, grabaciones, o incluso para chantajear a otras internas».

La madre del pequeño Gabriel insistió en que ha trasladado toda esta información por escrito y en persona a distintas autoridades penitenciarias, judiciales y políticas: «No puedo más. Lo estoy denunciando y ni siquiera se me llama para preguntarme. Nadie me atiende, nadie me protege, nadie actúa», dijo, entre lágrimas, Patricia Ramírez, quien también denunció la existencia de «funcionarios implicados» en estas irregularidades. «A mí me constan por lo menos cuatro. Lo he dicho. He puesto todo por escrito. ¿Qué más tengo que hacer?», se preguntó.