La pederastia y Cuelgamuros, las espinas en España

El Gobierno llegó a un acuerdo con el Vaticano el pasado 25 de febrero para desbloquear el proyecto de resignificación del valle de Cuelgamuros, con el objetivo de transformalo en un lugar de memoria democrática. Lo hizo tras casi un año de negociaciones y con renuncias que han afeado los socios de Gobierno, al no conllevar una desacralización completa del monumento franquista y pactar la permanencia de los monjes benedictinos, que además seguirán celebrando misas en la capilla. Cerrada esta carpeta, el principal asunto pendiente entre el Gobierno y el Vaticano tiene que ver con las indemnizaciones de la Iglesia a las víctimas de pederastia.

El papa Francisco contribuyó a impulsar las indemnizaciones, frente a resistencias de la Iglesia en España a asumir las condiciones del Ejecutivo para hacerse cargo de las compensaciones económicas. Ahora, fuentes del Ministerio de la Presidencia, encargado de las relaciones con la Iglesia, dicen «confiar» en que no cambie esta línea de diálogo y colaboración.

Sobre el perfil de León XIV, en el Ejecutivo evitan «juicios apriorísticos». El ministro Bolaños sí destacó en la declaración institucional tras el fallecimiento de Francisco su deseo de que la Iglesia pueda continuar «su legado humanista y reformador». Lo que tampoco escondían estos días fuentes del Gobierno era su predilección por la elección de un reformista.

El objetivo pasa por acordar el régimen de compensaciones a través de un órgano mixto Iglesia-Estado que cuente con las propias víctimas, tenga procesos seguros y respetuosos y pueda «decretar compensaciones obligatorias a cargo de la propia Iglesia», según explican en el ministerio que dirige Félix Bolaños.

Como en el caso del valle de Cuelgamuros, la mediación del Vaticano se considera imprescindible. El encargado de relaciones con la Iglesia ha avanzado su intención de seguir llegando acuerdos con el Vaticano. «La relación con el nuevo papa será de cooperación, de lealtad, cuando tengamos diferencias, que seguro que las tenemos, hacerlo con respeto», explicó Bolaños.

Estatus jurídico a las víctimas

El Consejo de Ministros ya aprobó en marzo del pasado año un informe para dotar de un estatus jurídico a las víctimas y regular las indemnizaciones aún en los casos prescritos penalmente. Sin avances públicos, está pendiente de crear una subcomisión de estudio a nivel parlamentario. A la espera de que se ponga en marcha, sin garantizarse que sea en este periodo de sesiones, tendrá un plazo de seis meses para establecer sus conclusiones, elevarlas a la comisión de Justicia y, finalmente, llevarse al pleno del Congreso. No antes de 2026.

Tras la aprobación del plan en el Consejo de Ministros, desde la Conferencia Episcopal respondieron rebajando las expectativas de colaboración por parte del Gobierno. «No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a nueve de cada 10 víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales», argumentaron. Asimismo, consideraron que el texto presentado «parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado».

Sobre Cuelgamuros, el Gobierno da por cerrada esta carpeta tras el acuerdo que ha permitido lanzar el concurso de ideas para la elección del proyecto de resignificación, pero desde la Iglesia exigen resolver «cuestiones previas» para garantizar que se respeten los signos litúrgicos y religiosos.

El jurado que decidirá sobre la elección del proyecto contará con un miembro de la Iglesia. Sin embargo, no tendrá derecho a veto. El inicio de las obras para la reconversión del monumento franquista del valle de Cuelgamuros, antes denominado Valle de los Caídos, en un «centro de reinterpretación histórico, artístico y paisajístico», está previsto en la recta final de la legislatura.