Una regularización extra beneficiaría a unos 10.000 migrantes en Galicia

Tras una larga espera de casi dos años, Wualdi Mariela podrá obtener una residencia legal en el país. Con 21 años vino de Guatemala con su hijo de un año e hizo su vida como buenamente pudo. Sin papeles, ateniéndose a ser expulsada. Hace cuatro meses dio a luz a un segundo niño, apátrida. No tiene nacionalidad española ni tampoco guatemalteca. Ahora podrá obtener un permiso para permanecer legalmente y dotar a su bebé de papeles. También tendrá la posibilidad de partir de cero y trabajar, o seguir estudiando, como había empezado a hacer en su país.

Todo ello será gracias a la regularización masiva que se espera que apruebe el Gobierno, de la que podrían beneficiarse hasta 10.000 extranjeros en la comunidad, según las estimaciones del Foro Galego de Inmigración. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que incluye 600.000 firmas de interesados en que la propuesta saliese adelante, es un planteamiento reciente, pues ni el Gobierno ni la oposición veían con buenos ojos su implantación.

Según publicó El País, las negociaciones avanzaron y hoy, varios ministros socialistas tienen puesto el pie en el acelerador para su desarrollo.

Con todo, cabe recordar que se trata de una medida complementaria al nuevo Reglamento de Extranjería en España, que fue aprobado el 19 de noviembre de 2024 y entró hoy en vigor. El texto tiene el objetivo de agilizar una burocracia aletargada, que impedía a los recién llegados empezar su vida por las vías legales. Además, tiene la voluntad de mejorar la reagrupación familiar y reducir las exigencias para considerar válido un arraigo. Sin embargo, la mirada crítica de algunos colectivos y asociaciones de migrantes lo señalan como un documento imperfecto, con agujeros que podrían afectar a los eslabones más débiles, a aquellos que esperan que les aprueben el asilo y que corren el riesgo de no computar el tiempo que pasaron esperando, es decir, que tendrán que volver a empezar.

La guatemalteca Wualdi Mariela se encuentra en el grupo de los que corren mejor suerte. Dependiendo de tu procedencia y tu estatus, te atienes a uno u otro resultado. Mientras que extranjeros de países como Perú, Argentina o Brasil se atienen a menos papeleo, los que vengan de países más «conflictivos» como Senegal, Venezuela o Mauritania tendrán que cruzar los dedos para que no les denieguen el asilo, pues eso significaría que vuelven a la casilla de salida en su periplo migratorio.

Uno de los cambios más relevantes del nuevo reglamento es el tiempo de arraigo que se exige para emitir la residencia. Ahora pasa de tres a dos años. Por ejemplo, ateniéndose a la ya antigua normativa, Mariela tendría que continuar en un limbo junto a su hijo, que ni siquiera tiene un pediatra asignado. Sin embargo, sea mediante la regularización extraordinaria o sea con la nueva normativa, su vida está a punto de cambiar.

La otra cara de la moneda: el limbo de los solicitantes de asilo

La nueva Ley de Extranjería no es perfecta. O así lo indican asociaciones en Galicia de migrantes o entidades nacionales como Accem. Pese a que el texto será beneficioso para miles de personas, los que quizá son más vulnerables, los solicitantes de protección internacional, podrían quedar desamparados.

Según el nuevo reglamento, el tiempo transcurrido como solicitante de asilo ya no computará como periodo válido de estancia en España para optar al arraigo. Solo una vez obtenida una resolución denegatoria y tras permanecer al menos dos años en situación irregular, será posible solicitar alguna de las figuras de arraigo. Por tanto, tras la entrada en vigor de la ley, aquellos que todavía no obtuvieron dicha resolución, podrían verse sometidos a empezar de cero, en caso de que sea negativa. Todo este tiempo no cuenta.

El abogado cubano Arián González, experto en la materia, señala que el tiempo de espera no se considera una residencia: «Es más bien una estancia provisional que permite trabajar y vivir en España». «Cuando hay una resolución administrativa positiva no hay mayor problema, las dificultades aparecen para aquellos que están de forma provisional. Encima se atienen a una espera larga por la avalancha de solicitudes que tienen las oficinas, no pueden atender todas las que les llegan», dice González.

Los venezolanos y los senegaleses, muy presentes en Galicia, son dos de los grupos de migrantes que podrían verse perjudicados con esta medida. El senegalés Pabf asegura que, además de volver a empezar si se deniega la solicitud, «no tienen la misma libertad.

No pueden volver a su país de procedencia o les pueden retirar el asilo», cuenta. Habla en nombre de sus compañeros acogidos bajo esta figura que, afirma, tuvieron más facilidades que él para encontrar trabajo al considerarse refugiados.

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