«No se puede proteger a quien no se deja proteger»

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, lamentó ayer que «no se puede proteger a quien no está dispuesto a que le protejan», en relación con la muerte de la pareja hallada calcinada en el vecino municipio de Campo Lameiro el pasado 31 de mayo, en lo que todo apunta a que se trata de un nuevo crimen machista, por los antecedentes de él.

El socialista recordó que, a pesar de que existiera una orden de alejamiento vigente sobre él, así como una condena previa por maltrato machista, la pareja seguía conviviendo. «No podemos evitar que la gente decida convivir cuando son dos personas mayores de edad e independientes», afirmó en declaraciones a la prensa.

Hay que recordar que el hombre, de 50 años, tenía condenas anteriores por malos tratos y que ella, de 49 años, estaba registrada como víctima con «riesgo alto» en el sistema de vigilancia VioGén.

Ayer se supo también que doce días antes de que sus cuerpos aparecieran calcinados en Campo Lameiro, el 19 de mayo, la Guardia Civil interceptó a la pareja de Moraña en otra pista forestal poco transitada, en el municipio lucense de Bóveda, al estar en búsqueda el coche de José Ramón G.C.

Las autoridades investigaban la presunta desaparición de la mujer y, aunque él acabó pasando la noche en los calabozos, quedó en libertad al día siguiente tras declarar en sede judicial.

Aunque esa orden de protección seguía vigente, ambos se marcharon juntos. «Eso efectivamente fue así», dijo ayer el subdelegado del Gobierno, que defendió que la Guardia Civil en ese momento «hizo lo que tenía que hacer» y lo que corresponde a un estado «garantista», en donde son los tribunales «los que deciden quien ingresa en prisión y quien no».

Losada, más allá de estos datos, no quiso desvelar más detalles de la investigación y apeló a la necesidad de «dejar trabajar» a la Guardia Civil.

«Hasta que la Guardia Civil confirme la motivación es mejor esperar», dijo el subdelegado, que pidió «prudencia» ante lo que ha definido como una «presión para avanzar más que los propios investigadores».

En todo caso, Losada consideró que la actuación de la Guardia Civil ha sido «irreprochable». «El trabajo de la Guardia Civil en todo lo relacionado con este caso es absolutamente impecable», defendió, para añadir que «no se hizo o se dejó de hacer nada que hubiera que hacer en términos de protección de la víctima».

Revisión de protocolos

Es más, recalcó que cada vez que se registra algún asesinato machista, «se revisan los protocolos» pero, en este caso, insistió, han funcionado bien. «No podemos pedir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vayan más allá de su obligación, de su deber y de su trabajo», dijo respecto a que la pareja siguiese viviendo junta en Moraña, de donde él era natural.

En este sentido, Abel Losada recordó que, a finales del pasado año, hubo un caso similar en Baiona, en donde la víctima también vivía con su agresor. «Las autoridades no pueden poner vigilancia 24/7 a todo el mundo. Somos adultos y tenemos que saber que no se puede proteger a quien no se deja proteger», concluyó.

Indignación por el luto para el presunto agresor

«Es indignante y supone un retroceso incalculable en el avance de la lucha contra la violencia machista». Son palabras del colectivo feminista de Moraña As Moraimas, que ha hecho público un comunicado a raíz del decreto de tres días de luto oficial por parte del Concello de Moraña. «No se puede ignorar que Marisol figuraba en el sistema VioGén con riesgo alto y una orden de alejamiento vigente y que el agresor contaba con un amplio historial de antecedentes por violencia de género. Ignorar esta realidad es intolerable y altamente injusto», lamentan. El Concello de Moraña decretó el martes por la noche tres días de luto oficial por la muerte de José Ramón G.C y de Marisol C. P., en lo que los investigadores tratan como un crimen machista. Las banderas ondearán a media asta y se suspenderán los actos públicos en señal de duelo «por los dos vecinos desaparecidos», a cuyos familiares el gobierno municipal muestra sus «condolencias». Esta equiparación de víctima y presunto agresor es la que ha desatado una oleada de críticas de colectivos feministas, a las que ha sumado la oposición municipal.